Autoridades del Canal de Panamá y el consorcio encargado de la ampliación de la vía negociarán el martes fondos adicionales para evitar la suspensión de las obras, tras compromisos logrados con la mediación de la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
La ministra se reunió por separado con directivos de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr, y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), así como con el presidente Ricardo Martinelli, en una visita de dos días que concluye el martes por la tarde.
«Hemos analizado un adelanto (cifra que no se precisó) para que continúe la obra. Estamos hablando de fondos adicionales de ellos y de nosotros para adelantar las obras, pero eso se discutirá mañana (martes)», anunció el administrador del Canal, Jorge Quijano, tras el encuentro con Pastor.
Más temprano, junto a Martinelli en la sede de la Presidencia, la ministra española anunció que GUPC se comprometió a dialogar y «que todo se solucione dentro del contrato» con la ACP.
«GUPC va a llevar la solución dentro del contrato como lo pedía ACP. Ese es un avance importante. Hay un tema de liquidez que ambas partes deben resolver», dijo Pastor en rueda de prensa en la embajada de España, al concluir la intensa jornada de reuniones.
Pastor media en el conflicto desatado el 30 de diciembre cuando GUPC amenazó con parar la ampliación de la vía si antes del 20 de enero no se atiende su reclamo de pagar por sobrecostos de la obra, que estima en 1.600 millones de dólares.
El administrador del Canal aclaró que, pese a los acercamientos de este lunes, «todavía está vigente la advertencia de suspensión de la obra» por parte del GUPC. «Ahora mismo el problema no está resuelto», recalcó.
«Vemos un poquito de luz al final del túnel, porque ellos se han comprometido a discutir dentro del contrato», comentó no obstante Quijano, quien estuvo acompañado en la reunión con el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy.
Acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Manuel García Aldaz, Pastor afirmó en la conferencia que el martes «las dos partes tienen que definir si el preaviso de suspensión de la obra queda sin efecto».
Un arbitraje internacional
Las obras, que cuestan 5.200 millones dólares -3.200 millones para un tercer juego de esclusas que adelanta GUPC- comenzaron en 2009 y debían de concluir este año, al cumplirse los 100 años del Canal. Pero tienen un atraso de nueve meses -con un avance del 72%- y ahora la meta es junio de 2015.
Según la ACP, los contratistas han recibido cerca del 62% del monto pactado en el contrato, incluido un 5% (160 millones) por reclamos relacionados con aumentos en costos de materiales y mano de obra, a lo que se agregan 784 millones en adelantos ya entregados a GUPC.
Martinelli apuntó que GUPC y la ACP «tienen que resolver todos sus problemas, incluso dentro del arbitraje» internacional que contempla el contrato. «Seguro que dentro de la reunión encontrarán soluciones», subrayó.
«Hemos tratado de acercar posturas y es importante que ellos dialoguen y vean la posibilidad de un acuerdo inmediato», comentó Pastor, quien opinó que «la Corte de Arbitraje de Miami debe definir la cuantía de las reclamaciones».
Sacyr en aprietos
Cuando estalló la crisis, Martinelli llamó a los gobiernos de España e Italia a tomar cartas en el asunto y dijo estar dispuesto a viajar a esos países para hacer que el consorcio, que tildó de «irresponsable, cumpla.
«Este es un proyecto de envergadura mundial para España, Panamá y la comunidad marítima», subrayó el lunes el mandatario, quien considera el reclamo como «un cuentito» para obtener más dinero.
Sacyr, cuyo presidente Manuel Manríquez estuvo en la reunión de GUPC con Pastor, está en aprietos financieros. La caída en la bolsa de la constructora española fue uno de los primeros efectos del conflicto.
«El gobierno español no va a apoyar con dinero a Sacyr. Este es un asunto entre una empresa y su contratista», dijo temprano el embajador de España, Jesús Silva.
El GUPC, también integrado por la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, sostiene que el sobrecosto obedece a problemas geológicos e informes erróneos de ACP. Ésta afirma que los argumentos del consorcio «carecen de sustento».
El proyecto busca adecuar al Canal, por el que transita 5% del comercio mundial, para el paso de buques de más de 12.000 contenedores, una carga de tres veces mayor de lo que admite actualmente.
El Canal fue inaugurado en 1914 por Estados Unidos y pasó a soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces ha aportado a Panamá unos 8.500 millones de dólares, más que en los 85 años de administración estadounidense.