La oposición venezolana ultimaba los detalles del plebiscito simbólico que realizará el domingo contra el presidente Nicolás Maduro y su proyecto de Asamblea Constituyente, al cumplirse tres meses y medio de protestas contra el mandatario.
«Ya está todo listo. Mañana el país no solo rechazará la Constituyente, dará un mandato que es exigir el cambio de régimen, la salida de la dictadura y el inicio de la transición con un gobierno de unión nacional», dijo este sábado a la AFP la dirigente María Corina Machado.
Los opositores confían en que la consulta, que no es vinculante, «mostrará al mundo» que la mayoría se opone a la iniciativa de Maduro para reformar la Constitución, que consideran un «fraude» para amarrarlo al poder.
El diputado Juan Andrés Mejía confirmó este sábado en rueda de prensa que los cuadernos de votación serán destruidos para resguardar la identidad de los participantes y evitar represalias del gobierno.
Según la encuestadora Datanálisis, 70% de los venezolanos rechaza la Constituyente.
«Se espera un 62% de participación para el domingo, podemos llegar a 11 millones de personas», afirmó el líder opositor Henrique Capriles, citando cifras de Datanálisis.
Maduro considera ilegal el plebiscito, alegando que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de servir al gobierno- puede realizar procesos de este tipo.
En paralelo a la consulta, el CNE realizará el domingo un simulacro de la votación de la Constituyente, cuyos 545 asambleístas serán elegidos el 30 de julio. La oposición lo considera una «provocación».
La rectora del poder electoral Tania D’ Amelio reiteró este sábado que el simulacro es la «única actividad que organiza el CNE».
«Vamos a la Constituyente para salvar a la patria», afirmó Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos en medio de la devastación económica.
El plebiscito se realizará en medio de una ola de protestas opositoras que este sábado completa tres meses y medio, y deja 95 muertos.
Las manifestaciones exigen la salida de Maduro del poder y rechazan la Constituyente, que según el mandatario socialista es la «única vía» para restablecer la paz y reactivar la economía, que hilvana tres años de fuerte contracción.
Maduro se dice víctima de un intento de golpe de Estado apoyado por Washington y de una guerra económica que induce la escasez de bienes básicos y la voraz inflación.
Apoyo internacional
Cinco expresidentes de la región llegaron este sábado para participar, junto con expertos electorales de varios países, como acompañantes del proceso opositor.
Se trata del colombiano Andrés Pastrana, el boliviano Jorge Quiroga, el mexicano Vicente Fox y los costarricenses Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla.
Los exmandatarios fueron recibidos por Machado en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.
«Mañana es el pueblo venezolano el que decide cuál será su futuro, si habrá o no Constituyente. Venimos a verificar ese proceso», dijo Pastrana a periodistas.
Según Fox, el plebiscito opositor representa el inicio de la «ruta hacia el fin» del gobierno de Maduro, que debe «entender que nadie lo quiere y no puede seguir destrozando esta economía».
Carlos Ocariz, alcalde capitalino de Sucre (este de Caracas), confirmó que ya están en Venezuela «observadores internacionales reconocidos en el mundo».
El viernes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió al gobierno y oposición a dialogar para erradicar la violencia y concertar un «camino constitucional».
A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invitó a los venezolanos a participar en la «consulta popular para detener el colapso definitivo de la institucionalidad del país».
«Operación inédita»
Los principales dirigentes opositores sostienen que tras el plebiscito se activará la «hora cero», la fase decisiva de las protestas para sacar a Maduro. No descartan convocar una huelga general.
La consulta se realizará en unos de 2.000 centros de votación, que albergarán 14.000 mesas, además de 500 centros más en 80 países.
Los ciudadanos deberán registrarse con sus datos personales y recibirán una papeleta con tres preguntas.
En ellas se les consulta, además, si desean que el Parlamento de mayoría opositora inicie un proceso de renovación de los poderes públicos -lo que Maduro denuncia como un intento por instalar un «Estado paralelo», y se exija a los militares respetar la Constitución.
«Es una operación inédita, netamente ciudadana. Se espera que trabajen unos 145.000 voluntarios y la infraestructura que se ha montado permitiría que 11,5 millones de venezolanos participen», dijo a la AFP el experto electoral Aníbal Sánchez.
El cardenal Jorge Urosa Savino pidió en una carta a los cuerpos de seguridad del Estado impedir «cualquier ataque violento a los venezolanos que acudan» a la consulta.