Los estudiantes desaparecieron en Guerrero (sur), después de operativos de policías municipales que incluso dispararon contra autobuses en los que viajaban los muchachos.
En un comunicado publicado este viernes el Sistema de Naciones Unidas en México llamó al gobierno a tomar «todas las medidas a su alcance para hacer una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata».
Naciones Unidas calificó el hecho como de «extrema gravedad» y dijo que se coloca «entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes».
La oficina del Alto Comisionado de la ONU en México desplegó personal en la zona para documentar el caso y establecer contacto con las víctimas y autoridades, indicó el comunicado.
La ONU también hizo un llamado humanitario para que «quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas» respeten su integridad y su vida.
Familiares de los jóvenes, que estudian para ser maestros, se reunieron este viernes con Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobernación (interior), para pedirle una investigación «seria» que ayude a localizarlos rápidamente en Guerrero, un estado plagado de organizaciones criminales.
Los jóvenes que estudiaban en una escuela de formación para maestros cercana a Chilpancingo, capital estatal, están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre, luego que la policía municipal disparó contra autobuses en la zona.
Los uniformados balearon los vehículos de los que se habían apoderado los estudiantes para regresar a sus casas desde Iguala, a donde habían ido a recaudar fondos.
Al menos 22 policías han sido detenidos por los tiroteos que dejaron seis muertos y 25 heridos.
La motivación de los policías para disparar tiene que ser aún establecida.
– Búsqueda casa por casa, una farsa –
Padres y parientes expresaron su preocupación por la posibilidad de que la corrupta policía municipal, acusada de estrechos vínculos con organizaciones criminales, haya entregado a los jóvenes a un cartel del narcotráfico.
La noche de los ataques, hombres encapuchados y vestidos de negro al estilo del crimen organizado, participaron en los tiroteos.
«Lo que nosotros queremos es una búsqueda seria. Consideramos que no hay una búsqueda seria, exhaustiva, objetiva, responsable, precedida por todo un plan, por una estrategia seria que asegure el éxito» de la búsqueda, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, un abogado de los familiares.
Según Rosales el gobierno prometió ayudar con las investigaciones en las podrían involucrarse varias agencias estatales para diseñar una nueva estrategia.
La fiscalía estatal promovió en el Congreso local un juicio contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para retirarle el fuero constitucional y poder someterlo a un proceso judicial por lo sucedido.
El jueves, el gobernador Angel Aguirre desplegó 1.600 empleados públicos por varios barrios de Iguala, algo que ha sido visto por los familiares como una burla.
Los estudiantes y parientes de los desaparecidos se quejaron de la falta de una investigación previa por parte de las autoridades para determinar exactamente donde buscar.
La búsqueda casa por casa que hacen los funcionarios «es una farsa. Es una burla hacia nosotros», dijo por su parte Anaceli, de 26 años estudiante de leyes que rechazó dar el nombre su sobrina de 18 años desaparecida.
«No estamos contentos», dice por su parte Meliton Ortega, quien busca a su sobrino de 17 años. «Estaremos contentos cuando aparezcan nuestros hijos».