El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó hoy su presión contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó hoy formalmente el informe a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea o buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por la propia Venezuela y por Cuba.
«Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales», subrayó Bachelet a los periodistas tras más de dos horas de debate.
«La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana», añadió la alta comisionada, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.
En su intervención ante el Consejo, la expresidenta chilena concluyó que «los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios».
Denunció que «el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión».
También lamentó «ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas».
«La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación», concluyó.
En una concesión al Gobierno venezolano, afirmó que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por Estados Unidos, «están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo».
El informe, que se presenta en el mismo día en que Venezuela celebra su fiesta nacional, fue replicado de inmediato por la delegación de ese país ante el Consejo, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, quien criticó un texto «carente de rigor científico y con graves errores metodológicos».
«Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país», dijo el diplomático a Bachelet en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.
Además, el documento «ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo», argumentó el viceministro, quien exigió una «corrección de su contenido».
Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo aseguró que «Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales».
«Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen graves riesgos para la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente (estadounidense) Donald Trump», declaró.
Secundó la posición venezolana ante el Consejo la delegación de Cuba, al subrayar que el régimen de Maduro «es objeto de una campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra social y política del presidente Hugo Chávez y continuada por Maduro».
En representación de varios países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú) la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro instó a Maduro a tomar en cuenta las recomendaciones del informe para acabar con una crisis que «está afectando a la estabilidad regional».
«Llamamos a Venezuela a implementar sin dilaciones las recomendaciones del informe, que incluyen (…) la investigación de violaciones de derechos humanos, la rendición de cuentas, la liberación de presos políticos, el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura», indicó.
También subrayó que «el orden democrático debe ser restablecido mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes».