Los gobiernos de ocho países latinoamericanos deploraron este jueves el recrudecimiento de la violencia en Venezuela, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro dejan ya 35 muertos en poco más de un mes.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay son los firmantes del comunicado, divulgado por Bogotá, en el que deploran «el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela».
«Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes», aseguran en la nota.
También hacen un llamado al gobierno venezolano «para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos» y le recuerdan que este es su deber como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En comunicados similares divulgados en las últimas semanas, y a los que también se habían sumado en otras ocasiones países como Perú, Uruguay o Chile, varios gobiernos de la región ya habían pedido a Venezuela garantizar el derecho a la manifestación pacífica y definir un cronograma electoral que permita encontrar una salida a la crisis interna.
Las protestas contra Maduro, que llevan poco más de un mes, han dejado 35 muertos y centenares de heridos y detenidos, según datos de la fiscalía venezolana.
La oposición exige llamar a elecciones generales. Sin embargo, Maduro presentó el miércoles ante el Poder Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente «popular», que sus adversarios consideran un «golpe de Estado» para evitar comicios.
Costa Rica llama a consultas a representante diplomática en Venezuela
Costa Rica llamó este jueves a consultas a su principal representante diplomática en Venezuela, en una señal de disconformidad por la convocatoria a una asamblea constituyente por parte del gobierno de Caracas.
La cancillería costarricense dijo en un comunicado que la ministra consejera y encargada de negocios en Caracas, Ana Patricia Villalobos, sería llamada a consultas «para que contribuya a la reflexión emprendida por el gobierno de Costa Rica sobre lo que acontece en ese país (Venezuela)».
Costa Rica no tiene embajador en Caracas desde 2014, cuando el ocupante del cargo renunció por formular declaraciones que el gobierno de San José consideró inaceptables.
El llamado a consultas de un representante es una manifestación diplomática de disconformidad de un gobierno.
Costa Rica manifestó en el comunicado «su más profunda preocupación por la convocatoria (…) a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos asambleístas, en lugar de ser electos por medio del sufragio directo, secreto y universal, serán seleccionados por sectores sociales y comunidades».
Consideró que tal anuncio «aumenta aún más los niveles de tensión social que ha provocado la suma de decenas de personas heridas, torturadas, detenidas o bien, que han perdido su vida».
Instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos y levantar el desacato judicial en que fue declarada la Asamblea Nacional.