Nicaragua busca obtener una participación accionaria de al menos un 10% en las compañías geotérmicas que operen en el país, de acuerdo a un proyecto de reforma a la ley de recursos geotérmicos que el Congreso comenzó a tramitar este martes.
La iniciativa, presentada por el presidente Daniel Ortega, propone que el regulador Instituto Nicaragüense de Electricidad obtenga «sin costo alguno como mínimo un 10% de las participación accionaria de la empresa solicitante» y un cargo directivo en la misma, según el texto divulgado por el legislativo.
El proyecto señala que el Estado podrá participar en todas las actividades geotérmicas que las concesionarias realicen en el país, pero «no asumirá por ningún motivo riesgo, deuda, garantía, ni responsabilidad de ningún tipo».
La cadena volcánica de Nicaragua tiene potencial para producir 1.500 megavatios de energía geotérmica, según el Ministerio de Energía y Minas, aunque se calcula que el país actualmente aprovecha solo 7% de esa capacidad.
Según el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), que controla más del 60% de los escaños legislativos, la reforma no afectará a las compañías geotérmicas que ya están establecidas en Nicaragua.
La reforma también persigue extender los plazos de concesión de 25 a 30 años, similar a otro proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos que el parlamento tiene en estudio por petición del gobierno.
Ambas reformas fueron promovidas por el presidente Ortega con el propósito de asegurar, con una participación accionaria, el control estatal sobre todas las concesiones de exploración y explotación de petróleo y recursos geotérmicos que se autoricen en el país, ante el interés expresado por empresas extranjeras.
Una de ellas es la compañía británica de servicios geofísicos y geológicos Geoex y la petrolera noruega Statoil, que hace unas semanas firmaron un memorándum de entendimiento con autoridades de Nicaragua para explotar gas y petróleo en el Pacífico.