El Gobierno de Nicaragua presentó este lunes su “Libro Blanco” sobre su plan ante el COVID-19, basado en un “equilibrio entre la pandemia y la economía”, y en el que comparó al país centroamericano con Suecia, para contrarrestar las críticas por no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el denominado “Libro Blanco Nicaragua ante la pandemia de COVID-19: Una estrategia singular”, presentado ante embajadores en Managua y representantes nicaragüenses en otros países, el Gobierno del presidente Daniel Ortega explicó su modelo, que afirmó, esta “basado en la realidad y condiciones del país”.
Según el Gobierno nicaragüense, la política ante la pandemia se basa en defender la recuperación «de una economía debilitada por el intento de golpe de Estado de abril de 2018”, como llama al levantamiento popular contra Ortega, que ha dejado cientos de opositores muertos.
“Los países del mundo van a tener que combinar la defensa ante el coronavirus con el funcionamiento de la sociedad, tal como Nicaragua y Suecia han hecho desde el principio”, indicó.
ORTEGA DENUNCIA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN
El documento afirmó que desde 2018 el Gobierno vive “bajo ataque por campañas de noticias falsas y desinformación, así como ilegales medidas coercitivas”, mismas que no mencionó, aunque es conocido que más 20 familiares, allegados, funcionarios de Ortega y empresas sandinistas han sido objeto de sanciones internacionales por graves violaciones de los derechos humanos y corrupción.
El Gobierno considera falsos los «entierros express» que se ven a diario en Nicaragua, los desvanecimientos repentinos de personas en las calles, o los 2.323 casos reportados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que incluye 465 muertos, frente a los 279 infectados y 17 fallecidos que admiten las autoridades.
El “Libro Blanco” destacó el fortalecimiento del sistema de salud en Nicaragua, en comparación con cómo estaba hace 13 años, cuando Ortega retornó al poder.
Informó que Nicaragua estaba preparada contra la pandemia desde enero pasado, y que el 9 de febrero divulgó el “Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Virus Coronavirus (COVID-19) en Nicaragua”, un documento que se conoció en marzo por una filtración a periodistas, y que nunca fue admitido por las autoridades.
El Gobierno señaló un “conjunto de acciones emprendidas” ante la pandemia, entre las que citó la preparación de 19 hospitales, y la vigilancia de 42.000 viajeros durante 21 días, para detectar posibles casos positivos.
Adicionalmente, destacó la realización de “más de 4,6 millones de visitas casa por casa”, efectuadas por 98.224 voluntarios, una acción criticada por médicos que creen que la medida propaga la pandemia.
Una campaña de prevención personal en medios oficialistas, una línea para consultas sobre la pandemia, y la desinfección de autobuses y taxis dos veces por semana, forman parte de la estrategia nicaragüense contra el COVID-19, según el “Libro Blanco”.
EL QUINTO “LIBRO BLANCO”
“En síntesis, Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, ha estado preparada para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y cualquier otra similar”, resaltó.
El informe gubernamental reconoció que hay un encierro “parcial en todo el país”, sin señalar que se trata de una medida voluntaria de ciudadanos y empresarios, y destacó el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas, junto con otras actividades esenciales para la sociedad.
Los “libros blancos” son informes a los que recurren los Gobiernos cuando quieren aclarar un tema, generalmente polémico.
Ortega, acusado de mantener un estricto control de las libertades de expresión y de prensa, así como de la información pública, ha debido recurrir a por lo menos cinco “libros blancos” desde 2007, sobre conflictos con otros países, aplicación de leyes controversiales, supuestos fraudes electorales, o aparente abuso de poder.
La controversia frente a la pandemia se originó por la información escasa y confusa ofrecida por las autoridades, y las crecientes denuncias sobre casos y muertes relacionadas con COVID-19, que el Gobierno niega.