«Estamos en un proceso de discusión con ellos (los brasileños). Nos dimos cinco días para ver si podemos superar las diferencias que hay», sino se «tendrá que buscar otros inversionistas», afirmó a periodistas el asesor económico del gobierno nicaragüense, Bayarce Arce.
Según el funcionario, si en ese plazo no llegan a un acuerdo, el proyecto Tumarín -uno de los más ambiciosos que se ha propuesto desarrollar Nicaragua en el campo energético- seguirán adelante «pero con otros inversionistas».
Nicaragua concedió a la empresa brasileña Centrales hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) una licencia de 30 años para construir y operar la represa hidroeléctrica que generará 253 megavatios de energía, mediante una ley especial que fue aprobada por el Congreso en julio del 2009.
La obra, que lleva más de dos años de retraso, tiene previsto realizarse en el río Grande de Matagalpa que nace al norte del país y desemboca en el mar Caribe.
Su construcción, sin embargo, se retrasó debido a desacuerdos entre el gobierno y el consorcio sobre la tarifa que los brasileños piden aplicar para reembolsar su inversión, según el asesor económico del gobierno del presidente, Daniel Ortega.
CHN es un consorcio formado por las empresas brasileñas Electrobras y Queiroz Galvao, en el cual el Estado de Nicaragua tiene derecho al 10% de las acciones, según la ley.