El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano se desvinculó este miércoles por completo de la matanza de los cinco jesuitas españoles en 1989, un plan que asegura que jamás conoció y del que no se habló en la reunión clave con el entonces presidente del país, Alfredo Cristiani, en la que supuestamente los militares ordenaron las ejecuciones.
Montano declaró hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional española por la muerte de los jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana e ideólogo de la Teología de la Liberación.
El exalto mando militar, para quien la Fiscalía española pide 150 años de prisión, se desmarcó de cualquier decisión, diseño o ejecución de los asesinatos, de los que nunca fue informado por nadie, ni por los militares ni mucho menos por Cristiani, pues «Ellacuría era una de las personas más allegadas al presidente y le ayudó mucho en la consecución de los acuerdos de paz».
De hecho, Montano exoneró de estos hechos al Gobierno de El Salvador y a la cúpula militar liderada por «La Tandona», una promoción de la que él formaba parte y que ocupaba los altos puestos de las fuerzas armadas durante la guerra civil salvadoreña, pero que – apuntó – no se dedicó a infundir terror a la población.
«No, formábamos parte de un gobierno electo», dijo entre risas el acusado, primer militar salvadoreño que responde por estos hechos ante la Justicia española.
«En ningún momento ni el Gobierno ni nosotros en el alto mando estuvimos de acuerdo que se haya llegado a esa situación», indicó Montano en su interrogatorio de apenas una hora de duración y en el que solo respondió a las preguntas de su abogado, aunque con visibles dificultades para poder escuchar y entender las cuestiones.
Lo único que reconoció el ya septuagenario Montano, en prisión provisional desde su entrega a España en 2017, es su participación en la reunión clave del 15 de noviembre junto al alto mando y el presidente en la que supuestamente se dio la orden de asesinar a los jesuitas, aunque él negó hoy que se hablara de ello.
Allí se reunieron «para informar a Cristiani de lo delicado que estaba la situación», con informaciones de que los rebeldes estaban infiltrados ya en la capital y se disponían a atacarla, pese a lo cual «el alto mando no se atrevía a atacar al FMLN porque iba a ser una matanza terrible y significaba mucho daños colaterales».
Pero para nada se indicó asesinar a los jesuitas. «No, eso no, militarmente nunca hubo pretensiones de hacer daño a él (Ellacuría), a la Iglesia o a la misma Universidad» pues «no se tenía una conciencia clara de que estuvieran participando con el FMLN política y militarmente».
Tanto es así que él siempre pensó que «había sido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -que tildó de organización terrorista- el que había cometido el asesinato de los curas» y no los militares, como luego «se descubrió» años después en la Comisión de la Verdad del país centroamericano.
Hasta tal punto se desvinculó de la matanza que cuando se produjo no trató de encubrirlos sino que, al contrario, se ofreció para colaborar en su esclarecimiento e incluso pidió ayuda a EEUU y al Gobierno español para que les ayudaran en la investigación, dijo hoy Montano.
De hecho, fue tajante al decir que «en absoluto» tenía nada en contra de Ellacuría, aunque luego cargó contra él al manifestar que «el golpe de estado contra el general Romero en 1979 fue producto de la influencia de Ellacuría» y que este «aparece en fotos entrenando a niños de 10 o 12 años a manejar el AK47».
Pero una y otra vez Montano negó que se le viera como un objetivo militar. Lo que ocurrió fue que en los días previos a la matanza les llegaron informaciones de que los rebeldes habían introducido armamento en la Universidad Centroamericana (UCA) a modo de almacén y por ese motivo enviaron a soldados del batallón Atlácatl, supuesto ejecutor del crimen, a practicar un registro acompañados de la Inteligencia salvadoreña.
Dicho registro fue ordenado por el entonces jefe del Estado Mayor, René Ponce, que se lo encomendó al coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de cárcel en 1992, amnistiado en 1993 y capturado nuevamente en 2016 para cumplir la pena de prisión.
«Le dieron la orden a Benavides de que mandara gente a investigar y contrarrestara cualquier amenaza, esa fue la situación», señaló, no si antes desmentir las palabras del coronel que le acusó de estar en el grupo decisorio de los asesinatos. «No sé de dónde surgió ese comentario», aseveró el exmilitar.
Montano se defendió aludiendo a que ni la Comisión de la Verdad ni la Comisión Interamericana le citaron para interrogarle.
«Tuve la suerte de no haber sido considerado necesario para atestiguar porque el delito lo cometieron soldados, no policías, que eran los que dependían de mi persona», destacó al recordar que su competencia como viceministro de Seguridad Pública se circunscribía a las fuerzas policiales, no militares.