Un mes después de que los militares asumieran la seguridad y administración de un importante puerto del Pacífico de México que se había convertido en una fuente de ingresos para un cartel del narcotráfico, los soldados mantienen aún una fuerte custodia en esas instalaciones, desde donde se moviliza el mayor volumen de carga del país.
Mientras tropas armadas con rifles de asalto se movilizan en las camionetas de la policía municipal a las que sustituyeron en las tareas, un vicealmirante asumió la administración del puerto de Lázaro Cárdenas, sobre el Pacífico.
Los militares fueron enviados a este puerto el 4 de noviembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto con la orden de ‘limpiar la casa’ debido a denuncias de presunta corrupción y de que un cartel del narcotráfico se habría adueñado de las operaciones en el lugar.
Luego del arribo de los militares, 113 policías locales fueron forzados a someterse a los denominados exámenes de confianza, y dos altos funcionarios civiles fueron sustituidos por oficiales de la secretaría de la Marina Armada de México.
El cartel los Caballeros Templarios ha usado el puerto de Lázaro Cárdenas para importar precursores químicos de Asia y fabrica metanfetaminas en laboratorios clandestinos en las montañas de Michoacán, un estado del oeste del país, donde se ubica Lázaro Cárdenas, según denuncias recibidas por el gobierno federal.
En enero de 2012, fueron decomisadas 195 toneladas de estos precursores químicos provenientes de China.
Pero el cartel se ha diversificado, extorsionando a transportistas y exportando hierro a China después de extraerlo ilegalmente en minas de Michoacán, de acuerdo con fuentes oficiales e industriales.
Este puerto, que tiene el canal de acceso marítimo más profundo de México, creció exponencialmente en la década pasada, con un movimiento de carga que dobla las 36 millones de toneladas en lo que va de este año.
Los contenedores se amontonan formando torres de metal, mientras grúas gigantes los mueven dentro y fuera de los barcos que van y vienen de Asia.
Benjamín Rodríguez, presidente del consejo Coordinador Empresarial, dijo que los militares han dado seguridad a la ciudad.
«El puerto es un punto estratégico para el crimen organizado», dijo Rodríguez a la AFP.
«Existe la extorsión, y otro recurso que ellos han manejado últimamente es un recurso proveniente del mineral. Se han vuelto empresarios en el ramo del mineral», añadió.
‘Un reconocimiento del problema’
Virgilio Camacho Cepeda, un ejecutivo de la empresa del acero ArcelorMittal, denunció públicamente que el mineral de hierro ha sido extraído ilegalmente por mucho tiempo en esta región.
En abril, el ejecutivo de esa empresa multinacional fue encontrado muerto a las afueras de la ciudad, con una bala en la cabeza.
Nadie ha sido arrestado por ese hecho y el motivo del crimen sigue siendo una incógnita, dijo por su parte un portavoz de la fiscalía estatal.
La compañía, con sede en Luxemburgo, declinó comentar el asesinato de Camacho, pero un vocero dijo en una breve declaración que la «extracción ilegal de las minas es un problema reconocido en el estado de Michoacán».
Un representante de la empresa minera, quien pidió el anonimato por razones de seguridad personal, dijo que el cartel envía camiones cargados de hierro extraído ilegalmente al puerto usando documentos apócrifos. Los integrantes del cartel roban el metal directamente a las minas legales o lo extraen sin permiso.
«Es como si alguien viene a tu casa, se instala en el jardín y hace lo que quiere», añade este representante.
Un funcionario del gobierno, hablando bajo condición de anonimato, dijo que por «testimonios de miembros de los Caballeros Templarios detenidos» tenían evidencias como para sostener que estas actividades ilícitas han ocurrido.
El ministerio de Economía señala que la extracción ilegal del hierro se inició en 2010 en Michoacán y en los vecinos estados de Jalisco y Colima.
«Dicha actividad ilegal es propiciada por la gran demanda de hierro que países como China requieren para el desarrollo de sus industrias», dijo la dependencia en una declaración a través de un correo electrónico.
«Por tal motivo, y aprovechando la cercanía que se tiene con el puerto de Lázaro Cárdenas, muchas empresas comercializadoras comenzaron a almacenar grandes cantidades de hierro que obtenían legal o ilegalmente, que luego era embarcado para su exportación», indicó.
La extorsión continúa
Otra de las mayores fuentes de ingresos de la mafia es el dinero que demandan por la protección de los negocios.
Dos ejecutivos de camiones de transporte dijeron a la AFP con la condición del anonimato, que siguen recibiendo amenazas pese a la presencia militar, y que los criminales les siguen exigiendo un pago mensual de 1.000 pesos (75 dólares) por camión.
«Piden una colaboración mensual a la que no podemos oponernos porque nos queman unidades» o atacan a las personas, dice el administrador de transporte.
Otro ejecutivo dijo que estos criminales les roban la carga, especialmente de productos electrónicos.
«El ejército no hace nada. Andan patrullando las calles pero tenemos muchos problemas todavía», añadió.
Pero el nuevo administrador del puerto, el vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado, dice que él no tiene información sobre las actividades ilegales en el puerto y que su misión es mantener seguro el movimiento de la carga. «Ahora mismo puedo asegurar que el puerto es un puerto seguro, es un puerto confiable», agregó.