La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció este jueves que militares «azotaron» con alambre a mujeres durante una requisa en un centro penal femenino en el norte el país.
En un comunicado, la ONG condeno «la brutalidad de las actuaciones de militares» que ayer durante una requisa en el centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, norte del país, «azotaron» a mujeres, cuyo número no precisa, con alambres.
Las mujeres sufrieron «lesiones constitutivas de torturas», enfatizó el CPTRT, organización que dirige Juan Almendárez, médico de profesión y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La ONG hondureña instó a los familiares de las mujeres presas afectadas a que «interpongan denuncias por torturas» ante el Ministerio Público del país centroamericano.
Las autoridades de la Policía hondureña y de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario no se han pronunciado hasta el momento sobre la denuncia del CPTRT.
La denuncia del CPTRT se produce nueve días después de que el Ejecutivo de Honduras declaró emergencia en el sistema penitenciario del país y delegó a militares y policías el mando de las prisiones.
Pese a que la Comisión Interventora del Instituto Penitenciario, integrada por elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), ha comenzado a asumir el control en las cárceles, alrededor de medio centenar de presos han muerto en varios episodios en los últimos días.
El decreto ejecutivo que aprueba la intervención de los centros penales, también ordena la suspensión por seis meses de las altas autoridades del Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores.
La junta interventora tiene entre sus funciones: lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, «priorizando los de máxima seguridad».
Además, debe proponer «soluciones» para reducir la población en los centros penales, para lo cual puede contratar expertos nacionales o internacionales en materia penitenciaria.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por unas treinta cárceles y alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.