En plena conmoción nacional por la desaparición de 43 estudiantes, México organiza desde el viernes los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en el estado de Veracruz (este), donde tiene un dispositivo de seguridad para evitar que se vean afectados por protestas o incidentes violentos.
La indignación por el brutal ataque que sufrieron en septiembre los estudiantes, quienes se teme que fueron masacrados en una alianza de narcotraficantes y policías en Iguala (sur), desató también protestas estudiantiles desde hace semanas en Veracruz que amenazan con intentar boicotear eventos de los juegos.
El miércoles, manifestantes lograron apagar la llama de la justa centrocaribeña durante uno de los relevos entre portadores de la antorcha en Xalapa, capital del estado de Veracruz.
Entre gritos de «¡No queremos juegos, queremos justicia!», los manifestantes arrojaron agua a varios corredores que portaban la antorcha hasta lograr apagarla.
Después, estudiantes llegaron a tomar la tarima del estadio Colón de Xalapa, destino de la antorcha, pero finalmente se retiraron y permitieron al joven lanzador de disco veracruzano Rafael Ochoa que encendiera el pebetero.
Autoridades locales y universitarias han pedido a los estudiantes que, para no dañar la dañada imagen actual de México, respeten este evento deportivo en el que competirán casi 8.000 deportistas de 31 países, incluidos medallistas de oro olímpicos como la ciclista colombiana Mariana Pajón y el boxeador cubano Roniel Iglesias.
Los gobiernos locales y federales desplegarán a unos 7.000 policías y 500 militares para los 800 eventos deportivos que se celebrarán hasta el 30 de noviembre en las cinco sedes de los juegos: Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan y la ciudad de Veracruz.
El despliegue incluye unos 300 elementos del nuevo cuerpo de Gendarmería que harán «labor de proximidad y presencia para desalentar conductas delictivas o posibles alteraciones del orden», dijo a la AFP un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad.
Este emblemático puerto también albergará el 8 y 9 de diciembre la XXIV Cumbre Iberoamericana, para la que el gobierno mexicano se esmera en convocar a una amplia presencia de mandatarios.
– Punto rojo para periodistas –
Veracruz llegó a ser uno de uno los principales escenarios de las pugnas entre cárteles de la droga que ensangrentaron a México.
En este estado de 7,6 millones de habitantes ocurrieron algunos de los crímenes más impactantes vinculados al narcotráfico, como los 35 cadáveres que fueron abandonados en septiembre de 2011 en una transitada avenida de Boca del Río, en el área metropolitana de Veracruz.
La violencia se recrudeció en la zona a raíz de la irrupción de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, apoyado por el poderoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, enviados para arrebatarle el control local a los sanguinarios Los Zetas, el grupo liderado por exmilitares desertores extendido en la costa este mexicana.
El gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó un fuerte operativo militar para frenar la violencia en el puerto de Veracruz, que hasta entonces era famoso por sus tradicionales cafés y plazas que en la noche se transforman en salas de baile.
El año pasado el estado de Veracruz ya registró un índice de asesinatos de 10 por cada 100.000 habitantes, alejado de la media nacional de 19.
Sin embargo, sigue siendo una de las zonas de mayor riesgo del mundo para el ejercicio periodístico. Diez reporteros han sido asesinados, el último de ellos en febrero, tan sólo en la administración del actual gobernador, Javier Duarte, que arrancó en 2010.
Reporteros Sin Fronteras, que ha denunciado intentos de silenciar a los medios locales, ha calificado a Veracruz de un «infierno para los periodistas».