La junta directiva del estatal hospital San Juan de Dios, uno de los más importantes de Guatemala, decidió no seguir atendiendo a reos luego de que el pasado martes se produjera un ataque armado en las afueras del centro, que dejó dos muertos y 20 heridos.
El presidente de la junta, Miguel Enríquez, dijo en rueda de prensa que este incidente armado es sólo uno en una larga lista de problemas que enfrenta el nosocomio en relación con la atención de reos.
El martes, miembros de una pandilla atacaron con armas de fuego y granadas un vehículo del Sistema Penitenciario que transportaba al hospital a un prisionero de alta peligrosidad, líder de una pandilla rival.
El ataque, que se produjo a la entrada del edificio, dejó un saldo de dos personas muertas y 20 heridas, todas ajenas al centro médico, mientras que el pandillero contra quien estaba dirigido el ataque salió ileso.
Asimismo, Enríquez denunció que los reos aprovechan las visitas médicas para recibir dinero producto de extorsiones y para tener relaciones sexuales con sus parejas.
Además, aseguró que miembros del personal han recibido amenazas o han estado en grave peligro en medio de fugas, rescates y asesinatos relacionados con la lucha entre bandas.
El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, y el director del Sistema Penitenciario (SP), Anthony Pivaral, informaron la víspera que analizan construir unidades médicas dentro de la prisión de Fraijanes, al este de la capital, para evitar el traslado de reos hacia hospitales públicos.
Monterroso comentó que el Sistema penitenciario tiene capacidad para «atender medicina general, psiquiatría, psicología y ortodoncia, pero hay áreas de especialización que ameritan la salida de algunos casos particulares como son los de intervención quirúrgica y hemodiálisis».
Pivaral precisó que diariamente son trasladados 25 reos a los hospitales porque «en todos los penales tienen un enfermero y un médico general de 24 horas, pero no tienen para especialidades».
Guatemala vive una ola de violencia que deja un promedio diario de 16 muertos, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, cerca de la mitad de las muertes violentas están asociadas a disputas de territorio entre grupos del narcotráfico y pandilleros.