Un nuevo grupo de unos 200 migrantes ingresó esta madrugada a Chile por pasos clandestinos de la frontera con Bolivia, un proceso que se repite a diario desde hace meses y que está generando una creciente tensión política y social ante el colapso de las comunidades locales del norte.
Este flujo constante de personas y el embudo que encuentran a su llegada, debido a las restricciones sanitarias y de política migratoria, que dificultan que sigan circulando por el país, ha generado desencuentros entre las autoridades regionales y nacionales por una solución y algunos actos de violencia de las poblaciones locales contra los migrantes.
Es así como este sábado se efectuó una multitudinaria marcha en contra de la migración irregular por las calles de la ciudad de Iquique, la primera gran urbe que los migrantes encuentran a su llegada y donde alrededor de 3.500 personas llegadas del extranjero viven en campamentos callejeros improvisados.
La marcha terminó con incidentes violentos, como la quema de carpas utilizadas por extranjeros para pernoctar en espacios públicos y en las playas, hechos que se suman a los enfrentamientos que este viernes protagonizaron algunos locales contra los migrantes tras un desalojo de un campamento por las autoridades.
«Rechazamos el violento desalojo y condenamos la violencia de las marchas acontecidas como respuesta a un problema humanitario y sanitario», dijo a Efe el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa.
«Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», agregó.
Foto: EFE
La llegada de los migrantes
Los migrantes entran a Chile por la localidad de Colchane, de apenas 1.500 habitantes, que no tiene servicios suficientes para atender todo este flujo de personas, que pernoctan en albergues y en las calles del lugar hasta que encuentran la manera de viajar a Iquique.
«Aquí no cuentan con servicios como tal, ya que es un pueblo y no hay luz, no hay agua, tengo tres días que no me comunico con mi familia porque no puedo cargar los teléfonos…», dijo a Efe frente a la Comisaría de Colchane Coromoto Morrinson, venezolana que ingresó a Chile con cuatro de sus cinco hijos, todos menores.
Al llegar, Morrinson se presentó en Comisaría para denunciar su ingreso irregular, que es la forma de que el Servicio de Salud de Iquique la traslade a una residencia sanitaria de la ciudad, pero el proceso demora días y satura Colchane de extranjeros.
Otros deciden busca por su cuenta la manera de atravesar los más de 250 km de distancia que hay hasta Iquique, en ocasiones pagando a conductores que se aprovechan de la necesidad y cobran un alto precio a los migrantes por este trayecto.
El embudo continua en Iquique, ciudad en la que ya hay alrededor de 3.000 personas migrantes, según estiman algunos vecinos, varadas en campamentos callejeros esperando regularizar su situación o juntar el dinero necesario para continuar viajando.
Exigen una solución al Gobierno
La situación ha despertado el malestar entre vecinos y autoridades locales, que ven los espacios públicos y recreativos de la ciudad copados e insalubres, y denuncian que ha habido un incremento de robos y saqueos.
«Queremos que el Gobierno fije políticas y acciones claras en torno a entregarnos seguridad y también a respetar nuestros derechos», señaló este sábado el alcalde de Colchane, Javier García, durante la manifestación en Iquique.
El gobernador regional de Tarapacá (en la que se ubican Colchane e Iquique), José Miguel Carvajal, dijo en la emisora local Cooperativa que «en la región no existe xenofobia, pero que la mayoría de los vecinos están cansados de la inacción».
Carvajal, además, interpuso este viernes un recurso de protección en contra del presidente del país, Sebastián Piñera, por «abandono de deberes» frente a la crisis migratoria que afecta la zona norte del país.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas y dijo que el Gobierno va a fortalecer las fronteras con más personal y más medios técnicos «para poder detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina».
Asimismo, reiteró que retomarán la política de deportar a extranjeros, pese a que un fallo de la Corte Suprema -máximo tribunal del país- rechazó este proceder en junio y que otras organizaciones, como Human Rights Watch, han hecho llamados explícitos a poner fin a las «deportaciones sumarias».
Carvajal indicó que la solución «no va a ser una sola» y que «no se puede responder con la militarización de la frontera, no se puede responder solo con expulsión, no se puede responder solo con un refugio temporal».
El diario local Emol desveló que el Gobierno considera la opción de entregar una «visa temporal» de trabajo a extranjeros para que puedan desempeñarse en la agricultura, donde hay carencia de mano de obra.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % que en todo 2020.
Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.