El Tribunal Superior Electoral de Brasil vetó este viernes la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien quedará fuera de los comicios tras haber sido condenado a prisión en segunda instancia, por delitos de corrupción.
La decisión fue tomada por seis votos frente a uno, con lo que el líder más popular del país y primero en los sondeos de cara a las elecciones del 7 de octubre próximo, en prisión desde abril pasado, queda inhabilitado para postular a la presidencia por sexta vez, aunque el fallo proferido hoy aún puede ser apelado.
El Partido de los Trabajadores (PT) ya había anunciado que, en caso de una sentencia desfavorable, se propone utilizar «todos los recursos a su alcance», pese a que los especialistas jurídicos dudan que puedan prosperar.
El camino para la inhabilitación de Lula lo abrió el magistrado Luis Roberto Barroso, instructor del caso, quien se pronunció por aceptar las impugnaciones presentadas contra su candidatura sobre la base de una ley conocida como «Ficha Limpia».
Según esa legislación, paradójicamente promulgada por Lula en 2010, cuando aún estaba en el poder, toda persona con una condena confirmada en segunda instancia tiene impedido postular a cualquier cargo electivo.
Aún con ese impedimento legal, el PT inscribió en el tribunal electoral el pasado 15 de agosto la candidatura de Lula, acompañado en la fórmula por el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien emerge ahora como el más probable abanderado presidencial de esa formación.
Barroso negó cada uno de los argumentos de la defensa de Lula, en su mayoría apoyados en una cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pedía garantías para su participación en las elecciones, sobre la cual afirmó que «no es vinculante».
Aún así, los abogados del expresidente alegaron que esa decisión debe ser cumplida, pues Brasil es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, invocado por el citado comité.
Según Barroso, además del carácter no vinculante de esa decisión, Brasil no incorporó aún a su legislación el pacto, con lo que ese acuerdo no tiene carácter de derecho interno en el país.
Agregó que, además, el comité de la ONU se pronunció sin haber escuchado antes al Estado brasileño, lo hizo a través de apenas dos de sus 18 miembros y se comprometió a analizar el mérito de la cuestión sólo el año próximo, después de las elecciones en Brasil y con el nuevo presidente ya en ejercicio.
De todos modos, dijo que el tribunal tenía el deber de escuchar los argumentos del comité, pero éstos alertan de un riesgo de que se violen los derechos de Lula, lo cual no se fundamenta, pues las restricciones a su candidatura están dictadas por una ley brasileña.
Lula ingresó en prisión el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción y lavado de dinero en asuntos vinculados a los escándalos en la estatal Petrobras, de los que se habría beneficiado con un apartamento de playa entregado en forma de comisión por una constructora, una acusación que la justicia consideró probada.
Aún así, los sondeos dicen que tiene casi 40 % de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con cerca del 20 % de las preferencias.