La abogada María Oviedo, de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue liberada este domingo tras permanecer detenida desde el viernes pasado por abofetear a un oficial mientras realizaba un trámite en una estación de Policía en Nicaragua, país sumergido en una grave crisis sociopolítica.
«Muchas bendiciones a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado», dijo a periodistas la defensora de los derechos humanos por la CPDH, tras ser liberada.
Aseguró que al momento de su detención, los agentes del orden la agarraron por la espalda, le hicieron una llave, la neutralizaron y luego la condujeron a una celda en la estación policial de la ciudad de Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua.
Posteriormente la trasladaron a las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, donde le explicaron que estaba detenida por abofetear a un policía, lo cual reconoció.
Explicó que reaccionó de esa forma porque el oficial la agredió de forma verbal y la empujó en la espalda.
El incidente ocurrió mientras acompañaba a Cristhian Fajardo, un manifestante opositor excarcelado que había sido citado a la Policía de la ciudad de Masaya.
Según la CPDH, detrás del arresto de Oviedo, hay una estrategia para detener a los defensores de los derechos humanos y que el Gobierno «continúe reprimiendo al pueblo».
El mismo viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la «liberación inmediata» de Oviedo, quien es beneficiaria de medidas provisionales del organismo.
La CIDH también recordó al Gobierno de Ortega «cesar inmediatamente la detenciones arbitrarias y persecución a defensores de los derechos humanos en Nicaragua», y destacó que el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) «ha tomado conocimiento de las acciones policiales».
La abogada Verónica Nieto, integrante de la CPDH, advirtió que el plan del Gobierno también busca «estigmatizar» a los defensores de los derechos humanos, haciéndolos parecer como agresores.
En junio pasado el Gobierno señaló al abogado y a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión y Vilma Núñez, respectivamente, de estar involucrados en el asesinato de una familia, pese a que los testigos acusan del crimen a la Policía Nacional.
Las acusaciones contra los defensores de los derechos humanos se da en el marco de una crisis que, según la CIDH, ha dejado 326 muertos en 15 meses. Organismos locales cuentan hasta 594 y el Gobierno reconoce 200.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes «de lesa humanidad» en medio de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018.