El juez Miguel Ángel Gálvez no le tembló la mano para enviar a juicio al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y a otros altos funcionarios de su Gobierno.
EL juzgador tenía dos retos. El primero era sortear las impugnaciones de más de 30 abogados defensores que pretendían retrasar el caso hasta que dejaran sus puestos la fiscal Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez.
El segundo era resolver con base a los 4 mil 815 folios, escuchas telefónicas y documentos financieros presentados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
La revista guatemalteca Nómada señala algunos puntos clave en la resolución del juez Gálvez, conocido porque, en 2013, envió a juicio al general Efraín Ríos Montt, acusado por genocidio.
El primero es que Gálvez concluyó que no era suficiente acusar al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de cohecho pasivo. Por eso cambió el delito a enriquecimiento ilícito.
El segundo punto es que de los 30 acusados, el juez decretó la libertad de dos personas únicamente. Se trata de Herbert Francisco Cabrera Castellanos y Mónica Jauregui Zamora.
El tercer punto es que el juzgador envió a juicio a 28 de los acusados. Además de Pérez Molina y Baldetti, quienes tendrán que enfrentar el proceso en un tribunal de sentencia son, entre otros, Carlos Muñoz, ex Superintendente de la SAT, por asociación ilícita; Omar Franco, ex Superintendente de la SAT; Claudia Méndez, ex Intendente de Aduanas, por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera; Sebastián Herrera Carrera, gerente de Recursos Humanos de la SAT, por asociación ilícita.
El cuarto punto es que los abogados defensores tuvieron buena parte de responsabilidad por el atraso del proceso. Un ejemplo de esto es que Gálvez se tardó un día en resolver los siete incidentes interpuestos por la defensa.
Otro de los puntos es que el juez también aprovechó esta audiencia para llamar la atención a la fiscalía por no ahondar más en las investigaciones. Indicó que para la acusación que habían presentado tendrían que haber más implicados.
El caso conocido como “La Línea” fue revelado en abril de 2015 por la fiscalía y la Cicig tras la captura de empresarios y altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos.
Posteriormente, la investigación alcanzó a Pérez y Baldetti, lo que provocó una crisis política con masivas protestas callejeras de indignación.
Pérez y Baldetti también están a la espera del desenlace de otros procesos por corrupción como la adjudicación anómala de un contrato portuario y el blanqueo de fondos de campaña y de proyectos de obras públicas.