Alba aprieta contra su pecho el retrato de un hijo muerto. Con la otra mano levanta una antorcha que titila entre decenas de miles con las que los hondureños, indignados por la corrupción, exigen en las calles la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Esa humilde mujer de 56 años y mirada triste carga su tea improvisada en una botella plástica para protestar por el saqueo de 330 millones de dólares en el Seguro Social, que según una denuncia en la Fiscalía causó la muerte de unas 2.800 personas en cinco años por falta de atención y medicinas. Una era su hijo de 18 años.
«Pido justicia día y noche», grita Alba. El mismo clamor se escucha en Guatemala, donde manifestantes, también con antorchas, exigieron el sábado la renuncia del presidente Otto Pérez en vísperas de que el Congreso decida si le levanta la inmunidad para ser investigado por su presunta participación en casos de corrupción del Seguro Social y las aduanas.
Desde hace diez sábados los guatemaltecos gritan «Fuera Otto Pérez», y desde hace seis viernes «Fuera JOH» es la consigna que se siente en Honduras.
«Es una violación de derechos humanos. A mi hijo, con parálisis cerebral, le quitaron la asistencia médica porque dijeron que el Seguro Social pasaba por una pésima economía», dice a la AFP Alba Cabrera, haciéndose oír entre consignas de «¡Este no es un presidente, es un delincuente!».
Hernández admitió el 3 de junio que 94.000 dólares fueron a parar a la campaña que lo llevó al poder hace año y medio, aunque dice que no lo sabía y que él mismo ordenó investigar la corrupción en el Seguro Social. No obstante, las marchas, con 11 manifestantes en huelga de hambre, continúan y se extendieron a unas 20 ciudades del país.
Pero los sonados casos de corrupción, también en El Salvador, son la punta del iceberg en estos países con niveles de pobreza de entre 40% y 65% de sus poblaciones, impunidad rampante y violencia demencial.
Esos países forman un tenebroso triángulo convertido por narcos, pandillas y otras redes del crimen organizado en la zona sin conflicto bélico más violenta del mundo con tasas de 68 homicidios en Honduras, 60 en El Salvador y 40 en Guatemala, por cada 100.000 habitantes. Hay más muertos que durante las guerras civiles entre 1960 y 1990.
¡Caiga quien caiga!
Nadie sabe hasta dónde van a llegar las movilizaciones sociales o si se apagarán en poco tiempo.
Pero analistas creen que ya lograron poner sobre el tapete una indignación que toca las estructuras tradicionales del poder en Centroamérica. Los expresidentes Francisco Flores en El Salvador y Ricardo Martinelli en Panamá tienen también causas pendientes ante la justicia por desvíos millonarios.
«Estamos ante crisis políticas porque la gente no cree en sus autoridades, no hay independencia entre los poderes del Estado, se pide justicia caiga quien caiga, incluso el presidente», afirmó el exjuez y académico hondureño Ramón Barrios.
En un acelerado y cuestionado proceso, autoridades judiciales hondureñas -afines o nombradas por el Congreso cuando Hernández lo presidía- abrieron la vía a la reelección presidencial, motivo también de las consignas contra el gobierno, funcionarios del Estado y partidos políticos.
Bajo efervescencia por las elecciones del 6 de septiembre, en Guatemala las protestas no callaron con la renuncia en mayo de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo secretario personal y hombre de confianza lideraba la red de fraudes millonarios en las aduanas. Ahora se busca un proceso judicial contra Pérez por presunta responsabilidad en la corrupción.
«Los partidos están en el ojo del huracán, pero es un remezón como sociedad. La corrupción es el disparador, lo que está atrás es el modelo patrimonialista con que militares, empresarios y políticos tomaron por asalto al Estado», opinó el politólogo guatemalteco y analista independiente Renzo Rosal.
En Honduras, donde una alianza de empresarios, militares y políticos dio un golpe de Estado en 2009, la «institucionalidad está corroída y las estructuras golpistas casi intactas», comentó a AFP el analista hondureño Juan Almendárez, investigador del Centro contra la Tortura.
Para Rosal y Almendárez y otros expertos la situación es aún más grave porque en Guatemala, Honduras y El Salvador el crimen organizado penetró profundamente al Estado.
«Honduras es un Estado policial-militar, no hay estado de derecho. La violencia y la impunidad es descomunal, y los pobres ya no aguantan y no para la sangría de migrantes», incluso de miles de niños solos, lamenta Almendárez.
Los analistas coinciden en que la corrupción encendió la mecha, pero las protestas, que tienen eco en las redes sociales en una población cada vez más informada, refleja el hartazgo de una historia de exclusión e injusticia social, clientelismo e impunidad.
