A los recortes de personal y de sueldo en la administración pública mexicana, se suman ahora recomendaciones como no usar la computadora o no cargar el celular en las oficinas, como parte del plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, que ahoga a los funcionarios en medio de la pandemia.
Cuando llegó al poder en 2018, el presidente bajó los sueldos de los altos cargos, frenó las compras de vehículos oficiales y limitó todo tipo de gastos dentro del Gobierno para acabar con el despilfarro y la corrupción.
Un tijeretazo que ahondó para sortear la crisis económica derivada de la pandemia mediante un decreto del 23 de abril que recortó el 75 % del presupuesto este año para servicios generales, materiales y suministros, lo que ha obligado a las dependencias federales a hacer malabares para seguir operando.
Nada de nada
En julio, la austeridad se visibilizó como nunca.
Ministerios como la Secretaría de Economía establecieron horarios limitados para el uso de electricidad y recomendaron usar las escaleras para evitar los elevadores, reducir el consumo de agua o limpiar los espacios de trabajo, a raíz del recorte en personal de limpieza.
Hasta algunas dependencias han pedido que funcionarios cedan parte de su sueldo de manera «voluntaria».
«Recomendaciones como no cargar tu celular sí existen pero en general no hay una supervisión estricta. Voy a seguir cargando mi celular en la medida que sea necesario», cuenta este domingo a Efe Francisco, funcionario de la Secretaría de Trabajo.
Lo que causó especial revuelo fue la cancelación de contratos de alquiler de computadoras a empresas externas y la invitación a los funcionarios a utilizar sus propios equipos.
López Obrador dijo que había corrupción en el alquiler de estos equipos, opinó que las computadoras «no son lo más importante» y recordó que los padres de la patria jamás usaron computadoras.
«Imagínense los que lucharon en otros tiempos por la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía. ¿Estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar y transformar?», justificó.
Francisco, ocupado en el programa estrella del Gobierno de becas y aprendices «Jóvenes Construyendo el Futuro», cuenta que le preguntaron si podía utilizar su propia computadora y dijo que sí, al igual que la mayoría de sus compañeros.
Y es que le parece una «idiotez» que la Secretaría no tuviera computadoras propias. Eso sí, se «debería apoyar a los trabajadores para que consigan su equipo», reivindica.
Mucho más dura es la asesora laboral Patricia Juan Pineda, quien subraya a Efe que «se está poniendo en riesgo la información y protección de datos» con el uso de equipos personales.
«Quitan computadoras, no hay agua, no hay papel, no hay jabón… Todo patrón debe proporcionar las herramientas necesarias para el desempeño de funciones», reivindica.
Después de la pandemia
Laura está en un «limbo administrativo». Entró hace un año en un programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura pero desde el inicio de la cuarentena en marzo no ha vuelto a trabajar ni tampoco la han despedido formalmente.
«Me siguieron pagando para calmar las aguas durante los dos primeros meses pero a muchos nos dieron a entender que mejor comenzáramos a buscar trabajo», cuenta Laura (nombre ficticio) preocupada por la dificultad de encontrar empleo en plena pandemia, que desplomó el PIB mexicano un 18,9 % en el segundo trimestre del año.
Las contrataciones en la administración mexicana son un problema añejo, puesto que durante décadas se ha incrementado el personal por honorarios y con bajos salarios, que a diferencia del personal de base no tienen prestaciones laborales.
«Por los programas de austeridad ya no hay nuevas plazas, pero la carga de trabajo es muchísima y se contrata a gente por el capítulo 3.000, que pone en desventaja a los trabajadores», cuenta.
El capítulo 3.000 es precisamente el que corresponde a los gastos por servicios generales, recortados ahora por el decreto presidencial, por lo que son carne de cañón para despidos.
Patricia Juan Pineda cuenta que estas contrataciones han sido utilizadas por las anteriores Administraciones para «meter a compadres del Gobierno de turno», algo que quiere revertir López Obrador. Sin embargo, advierte que los despidos generalizados afectan a dependencias donde más de la mitad de trabajadores estaban por honorarios.
«En áreas donde había cinco personas, ahora hay dos personas haciendo el mismo trabajo y lo más grave es que se ha hecho limpieza sin criterios objetivos y han echado a gente que conoce cómo hacer las cosas», explica.
Programas en peligro
López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), excluyó de los recortes a sus programas de apoyos sociales a la Secretaría de Salud y a las obras prioritarias de infraestructura.
Y aunque oficialmente el tijeretazo es en gastos operativos y no en la financiación de programas, la austeridad aqueja a un sinfín de áreas que no interesan tanto al presidente.
Amnistía Internacional levantó la voz contra los recortes del Instituto Nacional de las Mujeres, en un país con diez feminicidios diarios.
Mientras que los oscarizados Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu pusieron rostro al malestar del mundo cultural al oponerse a la supresión del fondo público de inversión al cine.
Quejas que llegan incluso al cuerpo de bomberos de Ciudad de México, cuyo ayuntamiento ha copiado el plan de austeridad del Gobierno federal, por la falta de equipo de protección ante la pandemia, que ha situado a México como el tercer país del mundo con más muertos por COVID-19.
«Las medidas son estrictamente económicas, se está tratando de proteger el presupuesto a costa de la salud de los que trabajamos ahí», opina un bombero que prefiere mantener el anonimato.