La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue inculpada el martes de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por 2.200 millones de dólares a un empresario, su segundo procesamiento en lo que va del año.
«El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a USD 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral», informó la página web CIJ, del poder judicial.
En su última declaración jurada de mayo de este año, la exjefa de Estado figura con un patrimonio de casi cinco millones de dólares en efectivo y bienes inmuebles, que incluyen una firma otelera familiar.
El caso de Kirchner se suma al de otros líderes de centroizquierda de la región, como el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) y la exmandataria Dilma Rousseff (2011-2016), forzados a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción o administración irregular. A Dilma le costó incluso su puesto, destituida por el Congreso brasileño.
Kirchner no tardó en reaccionar el martes en su cuenta de la red social Twitter: «Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores».
Kirchner había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y señalar que «es una maniobra formidable de persecución política» y «un disparate mayúsculo».
Una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Kirchner en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares.
Kirchner (2007-2015) es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur). Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación Julio de Vido. Báez está detenido desde abril.
«No soy amiga ni socia comercial de Báez», declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
Kirchner, una peronista de centroizquierda, asegura que el gobierno de Mauricio Macri, al frente de una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos, entre ellos una recesión que hunde el producto bruto interno en 2,4% en lo que va del año, según el instituto oficial indec.
El caso ‘dólar’
En la causa monetaria denominada «dólar a futuro», la justicia entiende que la operatoria benefició a inversionistas. Ellos pactaron ventas de divisas a marzo a razón de 10 pesos por dólar en noviembre de 2015, cuando el gobierno intentaba bajar expectativas de devaluación. Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Kirchner dice que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.
En el caso del otorgamiento de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini subrayó que la compañía de Báez ganó licitaciones por 2.200 millones de dólares durante el gobierno de Kirchner. La cifra implica que Austral se impuso en 78,4% de los concursos para adjudicar obras.
En la asociación ilícita que sospecha Ercolini habría intervenido también el exviceministro de Obras Públicas José López, también procesado este martes. López fue quien en junio fue detenido ‘in franganti’ en momentos en que intentaba ocultar una bolsa con 9 millones de dólares en un convento de monjas de la periferia de Buenos Aires.