La justicia venezolana prohibió al Parlamento, de mayoría opositora, realizar un juicio sobre la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país, por considerarlo ilegal.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «ordena a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar con el pretendido juicio político», precisó un fallo publicado este martes en la página oficial del órgano estatal.
Voluntad Popular, partido del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, rechazó el domingo los términos de los acuerdos entre gobierno y oposición en el diálogo y pidió reactivar un «juicio político» parlamentario contra el presidente NicolásMaduro y las protestas de calle.
En un comunicado, Voluntad Popular llamó a «conformar un gran movimiento cívico (…) para lograr que la Asamblea Nacional retome el juicio político y declare el abandono del cargo de Nicolás Maduro«.
La organización política, uno de los partidos opositores que se marginó del diálogo por considerar que no existen condiciones, también instó a «desbordar las calles de gente ejerciendo su derecho constitucional a la protesta hasta que se consiga mediante la presión popular cívica el cambio deseado».
La difusión del texto coincidió con una movilización de decenas de dirigentes y partidarios de Voluntad Popular hacia la prisión militar de Ramo Verde, donde López cumple condena de casi 14 años de cárcel por cargos de incitación a la violencia durante protestas que convocó en 2014, que dejaron 43 muertos.
El lunes, López cumplió 1.000 días de presidio, tras haberse entregado a las autoridades en febrero de 2014.
Voluntad Popular agradeció «los esfuerzos de buena fe» de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el diálogo, pero reclama que los acuerdos no hagan mención del referendo revocatorio contra Maduro, suspendido el 20 de octubre.
«¿Dónde quedó el derecho a elegir?», indica el comunicado.
A principios de mes, la MUD suspendió el juicio iniciado en el Parlamento contra Maduro por su responsabilidad en la crisis y una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores, esperando gestos recíprocos del gobierno en el diálogo.