La justicia española desechó este viernes el grave cargo de blanqueo contra la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, pero confirmó su imputación por delito fiscal, manteniéndola bajo la amenaza de un juicio que sacude a la monarquía.
En una decisión unánime y firme, la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, «sobresee la causa contra ella por blanqueo» del dinero supuestamente malversado por su esposo, Iñaki Urdangarin, informó una portavoz del tribunal.
Urdangarin, de 46 años, exmedallista olímpico de balonmano convertido en hombre de negocios, es sospechoso de haber malversado, junto a su exsocio Diego Torres, 6,1 millones de euros de dinero público.
Se les acusa de haberlo hecho mediante el Instituto Noos, una sociedad sin ánimo de lucro que el cuñado del rey de España presidió entre 2003 y 2006, y que recibió importantes contratos de autoridades regionales.
Cristina, de 49 años, había sido imputada porque, en opinión del juez José Castro, colaboró «activamente» con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una «empresa pantalla», Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50% y subcontratada por Noos.
El escándalo, que estalló a finales de 2011 en una España duramente golpeada por la crisis mientras miles de personas perdían sus empleos y sus hogares, sacudió a la monarquía contribuyendo a la abdicación, en junio, del rey Juan Carlos I.
Dos delitos fiscales
La Audiencia de Palma, que estudiando recursos de la defensa y de la fiscalía revisó las conclusiones de Castro, confirmó sin embargo «la imputación de la Infanta Cristina por cooperación de dos delitos fiscales», precisó la portavoz.
Mantiendo solamente este cargo, dejó una puerta abierta a que la hermana del rey escape al juicio, dado que la Hacienda pública y la Fiscalía rechazaron hasta ahora procesarla por defraudar al fisco.
Pero será el juez Castro, conocido por su pugnacidad, quien en las próximas semanas tenga la última palabra sobre si sienta a Cristina en un banquillo al que ya no podrá escapar su esposo, que este viernes vio sus cargos aumentados.
En el caso de Cristina, «vamos a seguir en la defensa por entender que no existen bases suficientes para formular ningún tipo de acusación», afirmó su abogado Miquel Roca.
Gastos personales
En una sala del tribunal de Palma presidida por el retrato de su padre, entonces todavía jefe del Estado, el 8 de febrero Cristina había respondido durante más de cinco horas a las preguntas del juez Castro, un hecho sin precedentes para una monarquía hasta hacía poco considerada intocable pero muy debilitada por los escándalos.
Ante una enorme expectación mediática, esta mujer rubia y elegante, acostumbrada a dar una imagen de princesa moderna, que cursó Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, se había defendido asegurando no saber nada de los negocios de su marido, en quien dijo confiar plenamente.
«No tengo ni idea de lo que hacía con Aizoon», afirmó. «A mí mi marido me pregunta si quiero ser socia al 50% y yo lo acepto y no hay nada más», aseguró, agregando: «no hablamos de nuestros negocios en casa».
«Yo me ocupaba de los niños, sus actividades, de la escuela y de todo lo que tenía que ver con ellos, con médicos y demás, y mi marido se ocupaba de toda la parte de gastos», agregó.
Un informe de los servicios fiscales evaluó en unos 700.000 euros (867.000 dólares) la suma que la pareja habría utilizado, vía Aizoon, para gastos personales como obras en su lujosa residencia, un viaje familiar a Río de Janeiro, la organización de una fiesta de cumpleaños o clases de salsa y merengue.
Castro, que el 25 de junio cerró una vasta instrucción de cuatro años imputando a un total de 16 personas, sospechaba asimismo que la presencia de la infanta en Noos –de cuya junta era vocal– y en Aizoon buscaba evitar investigaciones del fisco.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach había recurrido en julio la argumentación del magistrado, calificándola de «espiral inquisidora».