Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó a Acan-Efe una fuente judicial.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la magistrada Lidia Álvarez, ante quien los acusados deben comparecer el lunes en una audiencia de declaración de imputado, afirmó a Efe un portavoz judicial que pidió el anonimato.
Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como «Pandora», que involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares.
El portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte, no confirmó ni desmintió a Acan-Efe la decisión de la magistrada, como habían citado en principio medios locales de prensa.
Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Todos son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras», según la denuncia presentada el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
La misma fuente indicó a Acan-Efe que la magistrada citó también a audiencia al exalcalde de la localidad hondureña de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y a los apoderados legales del exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico, y Chong Wong también han sido implicados en el caso «pandora».
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.
Félix Ávila, abogado defensor de varios de los acusados, dijo a periodistas que hasta ahora se enteró de la órdenes de aprehensión que emitió la magistrada.
«Me he notificado por la prensa de esta supuesta resolución en torno a las órdenes de detención contra algunos de nuestros representados», subrayó.
Ávila aseguró que sus clientes están «anuentes» a presentarse ante la Justicia de «manera voluntaria» desde el momento en que conocieron la acusación.