El juez João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en un tribunal de segunda instancia, revocó hoy la orden de excarcelación «inmediata» de Luiz Inácio Lula da Silva dictada por otro magistrado y decidió mantener al expresidente brasileño en prisión.
Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) de Porto Alegre, corte que condenó a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El magistrado bloqueó la decisión dictada horas antes por el juez federal de turno Rogerio Favreto, también de segunda instancia, quien este domingo concedió a Lula un «habeas corpus» solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente.
En un auto, Gebran Neto determinó que la Policía Federal de Paraná, en cuya sede Lula está preso desde abril pasado, se «abstenga de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada» de la octava sala del TRF-4.
De esa forma, la decisión de Gebran Neto dejó sin efectos la orden de libertad concedida horas antes a Lula de forma «inmediata» por el magistrado Rogerio Favreto.
Favreto acató hoy de manera sorpresiva un recurso interpuesto por diputados del PT, quienes argumentaron que no había fundamentos para el encarcelamiento de su máximo líder y además pedían que fuese liberado para que participase en eventos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre.
Lula, preso desde el pasado 7 de abril para purgar una pena de 12 años y 1 mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, ha reiterado su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales del próximo octubre, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia, como estipula la ley electoral.
Después de la decisión, el juez federal Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión, entró en la batalla jurídica y afirmó en un auto escrito desde Portugal que Rogerio Favreto es «absolutamente incompetente» para ordenar la libertad de Lula.
Lula está preso en la sede de la Policía federal de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur), acusado de haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de ofrecer beneficios con contratos en la petrolera estatal Petrobras.
Vínculos con Funes y Vanda Pignato
Foto arte D1, Manuel Jacinto.
En abril de 2017, el publicista brasileño Joao Santana y su esposa y socia, Mónica Moura, confesaron ante el juez Sergio Moro, encargado de la Operación Lava Jato, detalles del gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal de Brasil Petrobras. Santana y su esposa fueron intermediarios para trasladar $3 millones de la constructora Odebrecht para la campaña de Mauricio Funes.
Según una publicación del periódico O Globo, Mónica Moura declaró ante el juez federal que el gobierno del entonces presidente Lula da Silva −salpicado en la malversación millonaria en el caso Petrobras − dio un aproximado de tres millones de dólares (5.3 millones de Reales, moneda del Brasil) a Mauricio Funes para la campaña presidencial de 2009. La exprimera Dama Vanda Pignato, quien tiene orden de captura y aparentemente está ingresada en un hospital, habría ayuda a Funes a obtener ese dinero..
La declaración detalla que fue el exministro brasileño de Hacienda Antonio Palocci, también detenido por el caso de corrupción, fue el responsable de realizar la negociación y las transacciones de la llamada “Caja 2”. Esta operación tendría que estar “fuera de la contabilidad oficial”, de acuerdo con informes relevados por O Globo.
Las acciones de corrupción fueron una constante durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, señaló Moura. “No existe campaña de ningún partido político sin ´Caja 2´, es una exigencia de los políticos”, dijo al juez Moro la esposa de Joao Santana.
También indicó Odebrecht pagó las campañas electorales dirigidas por Joao Santana en Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador.
En el caso de El Salvador, agregó, fue el propio Lula quien le pidió a Santana y a Moura que asumieran personalmente la campaña electoral, debido a que la esposa del candidato Vanda Pignato, era una brasileña afiliada al Partido de los Trabajadores del Brasil.
Lo anterior se suma a los testimonios de Hilberto Mascarenhas y Fernando Migliaccio, ambos exdirectivos de Odebrecht, quienes reconocieron que la campaña de Funes, bajo la bandera del FMLN, se financió con dinero de la constructora que hizo costumbre dicha práctica a lo largo de América Latina, para obtener licitaciones en obras públicas.
Los relatos apuntan a que existía una división en Odebretch, denominada Departamento de Obras Estructuradas, la cual se dedicaba organizar y distribuir los sobornos a gobiernos, partidos, candidatos, lobistas e intermediarios. Entre 2006 y 2014 habría repartido alrededor de $3,390 millones en sobornos.
Cuando la noticia se conoció en diciembre, tanto Funes como Pignato negaron los señalamientos. Tanto Funes como Pignato enfrentaron un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito, debido a que en ese entonces no pudieron justificar justificar un incremento patrimonial de más de $700 mil.
Actualmente Mauricio Funes es prófugo de la justicia. La justicia salvadoreña giró orden de captura luego de que la Fiscalía lo acusara de desviar 351 millones de dólares del erario público.
Joao Santana y su esposa y socia Monica Moura fueron detenidos a finales de febrero de 2016 tras su retorno a Brasil después de trabajar en la campaña electoral de República Dominicana, acusados de delitos de corrupción tras comprobárseles el cobro de dineros en el extranjero procedentes de la red de corrupción en Petrobras. Fueron condenados a ocho años de prisión.