El 2018 ha sido un año muy tumultuoso para Guatemala, tanto en el plano político como en el apartado de los fenómenos naturales que desembocaron en desastres. El más poblado de los países centroamericanos enfrenta las consecuencias de una inclemente sequía que ha mermado la producción agrícola, así como las cuantiosas pérdidas de la más devastadora erupción volcánica en casi 100, a cargo del Volcán de Fuego.
Además de esto, los señalamientos de corrupción contra funcionarios públicos no han cesado y amenazaban con pasarla factura nuevamente a un presidente en pleno ejercicio de sus funciones, justo como pasó con Otto Pérez Molina en 2015.
La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en diciembre de 2006 con apoyo de las Naciones Unidas y responsable de destapar sonados casos de corrupción a lo largo de sus cerca de doce años de funcionamiento, le empezó a seguir la pista a Jimmy Morales, actual mandatario guatemalteco, por recibir financiamiento irregular para su campaña a la presidencia de la República en 2015.
El estira y encoje entre Jimmy Morales y la CICIG empezó en septiembre de 2016, cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Por tal razón el hermano del presidente fue arrestado y meses más tarde y junto con su sobrino están siendo procesados. El presidente Morales salió en defensa de sus familiares y de manera tácita le declaró la guerra a la CICIG y a su actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez.
En octubre de 2017, Morales le canceló la visa a Velásquez, lo que obligó a su salida de Guatemala, pero la Corte Constitucional frenó el decreto presidencial y permitió el trabajo del colombiano.
No obstante, esto era el principio de otros intentos de desestabilización por parte de Morales que vendrían en el futuro. Lo que muchos han llamado como “golpe a la institucionalidad y la democracia” se consumó el 31 de agosto pasado, cuando arropado por la plana mayor del ejército de Guatemala, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, el cual termina en 2019.
Morales alegó que esto ayudará a que las instituciones del Estado se fortalezcan y asuman lo ya trabajado por la CICIG, la cual ha demostrado los niveles de infiltración que ha logrado el crimen organizado en las instituciones estatales del vecino país. Luego de meses en los que no ha brindado ninguna declaración a los medios de comunicación, Morales no explicó a la prensa su controvertida decisión.
El anuncio provocó que la sociedad civil guatemalteca, la misma que se manifestó masivamente para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015 cuando se le vinculó a un caso de sobornos contra empresarios para que pudieran esquivar impuestos de importación, tomara nuevamente las calles en apoyo a la CICIG.
Carro tanque parqueado frente a la sede de la CICIG en Ciudad de Guatemala. Foto: EFE.
La CICIG ha ganado en estos casi doce años un apoyo inmenso entre la población guatemalteca, la cual le agradece por revelar casos como el que envió a la cárcel al expresidente Alfonso Portillo, por recibir de manera fraudulenta donativos del gobierno de Taiwán que iban destinados a fortalecer el sistema educativo.
También fue la encargada de dar a conocer el caso “La Línea”, que provocó la caída de Otto Pérez Molina y la también exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos ahora se encuentran encarcelados a la espera de sus juicios.
La instancia respaldada por Naciones Unidas también propició el encarcelamiento del centroizquierdista Álvaro Colom, quien gobernó Guatemala de 2008 a 2012. De acuerdo con la investigación de la CICIG y la Fiscalía, Álvaro Colom y su gabinete de ministros firmaron el 6 de abril de 2009 el acuerdo 103-2009 que ordenaba al Ministerio de Finanzas, entonces dirigido por Juan Alberto Fuentes Knight, otorgar Q260 millones (Unos $35 millones) a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para financiar el sistema prepago del Transurbano, compuesto por buses articulados que realizan recorridos en estaciones ubicadas en puntos céntricos de la capital guatemalteca.
Las manifestaciones ciudadanas a favor de la CICIG arreciaron cuando el presidente Morales anunció el martes que no permitirá el regreso al país de Iván Velásquez, por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional. A raíz de esto, frases como “La CICIG se va hasta que el pueblo diga” y “perdón por nuestro presidente” se han viralizado.
«La CICIG agradece las muestras de apoyo que diversas entidades nacionales e internacionales le han hecho llegar al comisionado (…). La CICIG continúa, como siempre, con su trabajo en el marco del acuerdo vigente y en función de las competencia de su mandato», aseguró este miércoles el portavoz de este organismo, Matías Ponce, quien acotó que el comisionado Velásquez se encuentra en misión oficial en Estados Unidos.
La ONU, que auspicia a la CICIG, ya advirtió que tiene serias dudas sobre la decisión del Gobierno presidido por Jimmy Morales y que está revisando esta determinación, que «no parece ser consistente» con el acuerdo que da vida a la Comisión.
Mientras, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, pidió a Velásquez seguir al frente de la CICIG desde el exterior mientras no se tiene más claridad sobre este asunto, que ya ha sido impugnado ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por varias entidades.
Diversos gobiernos del mundo e instancias supranacionales se han sumado a las condenas de la ONU y la sociedad civil guatemalteca en contra de Morales. Solamente pocos se han atrevido a defender al mandatario, como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien inmediatamente fue increpado por su compatriota y excandidato presidencial, Gustavo Petro
Un exhumorista de televisión que producía programas junto a su hermano, Morales llegó a la presidencia de Guatemala con el lema “ni corrupto ni ladrón”. No obstante, lleva meses sin transparentar sus acciones ante los medios de comunicación y está al borde de un posible desafuero por parte del congreso guatemalteco, en el que ya se conformó una comisión para evaluar si se le retira su inmunidad parlamentaria y así enfrentar a la justicia por el financiamiento de su campaña que no ha podido justificar.