Una reforma del Código Penal japonés que introduce penas de hasta un año de cárcel y endurece las multas por insultos en internet entró en vigor hoy, en un intento por frenar el ciberacoso y prevenir casos como el de la luchadora Hana Kimura.
La revisión penal eleva de menos de 10.000 yenes (unos 70 euros) a 300.000 (2.200 euros) la pena máxima por proferir insultos en la red e introduce una pena efectiva de cárcel de hasta un año por este delito, que hasta ahora conllevaba menos de 30 días de detención.
También se ha revisado el plazo de prescripción de las injurias hasta tres años, frente al año contemplado hasta ahora.
Las iniciativas para enmendar esta ley cobraron impulso en el país después de que la popular luchadora profesional japonesa Hana Kimura se quitara la vida en mayo de 2020, cuando tenía 22 años, tras ser objetivo de una campaña de odio en redes sociales durante su paso por el programa de telerrealidad «Terrace House».
El caso generó conmoción y revuelo mediático. Dos varones fueron multados con 9.000 yenes (65 euros) cada uno por los insultos publicados contra Kimura antes de su muerte, pero algunos consideraron la pena demasiado leve y pidieron un endurecimiento.
La enmienda se presentó en la sesión parlamentaria de este año y generó un gran debate, pues sus críticos, entre ellos el principal partido de la oposición, argumentaron que la ley podría ser usada para reprimir críticas legítimas hacia políticos o funcionarios.
El proyecto de ley fue finalmente aprobado el pasado 13 de junio después de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para añadir una disposición complementaria que estipula que en los tres años siguientes a su promulgación se hará una revisión para determinar si la ley restringe la libertad de expresión.
El ministro japonés de Justicia, Yoshihisa Furukawa, dijo en una rueda de prensa celebrada esta semana previamente a la entrada en vigor de la enmienda penal que «es importante erradicar los actos viles como los insultos que pueden conducir a la muerte de alguien».
Furukawa, que afirmó que el objetivo no es coartar la libertad de expresión, señaló que la revisión legal demuestra que el ciberacoso «es un delito que debe ser tratado con severidad», y que actuará «como elemento disuasorio» de las campañas de odio, según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.