La fundación Right Livelihood anunció este lunes que el colombiano Iván Velásquez, actual jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ganó su premio anual de derechos humanos, el cual es considerado alrededor del mundo como el “Nobel Alternativo”.
La organización con sede en Suecia, reconoció a Velásquez por “su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas” en el vecino país
El viernes pasado, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos otorgó el Human Rights Award 2018 a Velásquez, por “su liderazgo y compromiso al frente de la institución que ha ayudado a desmantelar redes criminales”.
Ambos premios los ha compartido con la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, con la que coincidió durante su mandato y trabajó de la mano para destapar los más importantes casos de corrupción en la historia de Guatemala, que llevó a la cárcel a los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Por esta razón, Aldana actualmente se encuentra exiliada.
Por su parte, Velásquez dirige la CICIG desde fuera de Guatemala, debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsarlo del país, como parte de su decreto para cerrar el mandato del organismo en 2019.
Morales permanece en su decisión, pese a que la Corte Constitucional de Guatemala falló a favor del regreso de Velásquez a Guatemala y el mismo secretario general de Naciones Unidos, António Guterres, rechazó la petición del mandatario guatemalteco de remover al colombiano al frente de la CICIG.
Logros de la CICIG en Guatemala bajo el liderazgo de Iván Velásquez
Iván Velásquez se convirtió en el tercer jefe de la CICIG por designación del entonces secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Llega a Guatemala en octubre de 2013 y al poco tiempo se encuentra manos a la obra. En pocos meses destapó una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima Oliva, exoficial del Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi.
Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a otra. No obstante, él continuó como jefe de facto de las prisiones en Guatemala a pesar del proceso en su contra, hasta que fue asesinado en el interior de la cárcel Pavón el 18 de julio de 2016, en un confuso incidente en donde supuestamente fue ultimado por disputas del poder interno de la cárcel.
El 2015 sería sin duda su año de actividad más grande y significativa, ya que se destapa el caso “La Línea”. Como parte de este caso, el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron capturados en agosto de 2015, cuando aún no finalizaban su gestión gubernamental, por delitos de corrupción.
Ambos fueron acusados como cabecillas de la estructura que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos de importación.
El proceso judicial inició en abril de 2015 por el Ministerio Público y la CICIG tras la captura de empresarios y altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos.
Posteriormente, la investigación alcanzó a Pérez y Baldetti, lo que provocó una crisis política con masivas protestas callejeras de indignación. Actualmente, ambos se encuentran encarcelados, a la espera de sus juicios.
En 2018 empezó para la CICIG con el destape del “Caso Transurbano”, por el cual el expresidente Álvaro Colom fue capturado la mañana del pasado 13 de febrero en su vivienda por un caso de corrupción durante su gobierno. De acuerdo con las investigaciones, Colom y su gabinete de ministros firmaron el 6 de abril de 2009 el acuerdo 103-2009 que ordenaba al Ministerio de Finanzas, entonces dirigido por Juan Alberto Fuentes Knight, otorgar $35 millones (unos Q260 millones) a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para financiar el sistema prepago del Transurbano.
El artículo 2 estableció que las partidas para la AEAU debían incluirse en el presupuesto de la nación de 2009, 2010 y 2011. Tan solo para 2009, a la asociación de transportistas se le concedieron Q80 millones. En 2010 y 2011 las transferencias debían alcanzar Q270 millones. En total sumó $35 millones.
Una de las hipótesis es que de los fondos públicos del Transurbano pudo haber salido parte del financiamiento para la campaña de Manuel Baldizón, del partido Líder.
Actualmente le sigue la pista a Jimmy Morales, actual mandatario guatemalteco, por recibir financiamiento irregular para su campaña a la presidencia de la República en 2015.
El estira y encoje entre Jimmy Morales y la CICIG empezó en septiembre de 2016, cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Por tal razón el hermano del presidente fue arrestado y meses más tarde y junto con su sobrino están siendo procesados. El presidente Morales salió en defensa de sus familiares y de manera tácita le declaró la guerra a la CICIG y al comisionado Velásquez.
Biografía
Iván Velásquez Gómez nació en Medellín, Colombia, el 12 de mayo de 1955. Se graduó de abogado de la Universidad de Antioquia, departamento del que fue nombrado procurador general de 1991 a 1994 y donde investigó casos relacionados con tortura, ejecuciones extrajudiciales y otra serie de abusos.
Su carrera siguió en ascenso y en 2000 es nombrado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entre 2006 a 2012 , coordina la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la investigación, por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares. Hasta el momento, las investigaciones adelantadas por la Comisión han producido la condena de aproximadamente 50 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados «narcopolíticos».
Reconociendo que Velásquez ha dedicado su vida a la justicia, actuando siempre con claro y fuerte compromiso con los Derechos Humanos e interlocutando con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y teniendo en cuenta su contribución a la lucha en contra de la impunidad en Colombia, en 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el premio mundial de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012.