Una huelga de policías por mejoras salariales que sacude varias provincias, y deja un saldo parcial de dos muertos, mantiene este lunes en alerta a los argentinos, en vísperas de celebrarse 30 años de democracia en el país.
Un hombre murió durante saqueos la madrugada del lunes «en medio de un episodio de intromisión, de un saqueo y quedó electrocutado», en la ciudad entrerriana de Concordia, unos 400 km al norte de Buenos Aires, informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en rueda de prensa.
Las protestas policiales estallaron la semana pasada en la provincia de Córdoba (centro), donde murió un joven de 20 años, y se extendieron a distritos del centro, norte y sur del país.
«Son grupos que pretenden generar caos y zozobra. No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar la legitimidad democrática, cumpliendo Argentina 30 años de democracia ininterrumpida», indicó Capitanich.
El martes se celebrarán en Argentina tres décadas de la restauración democrática que puso fin a la dictadura (1976/83) y el período más extenso de vigencia del orden constitucional desde la declaración de la independencia en 1816.
Las manifestaciones y protestas de policías se mantenían este lunes en algunos puntos de las provincias de Buenos Aires (centro-este, la más poblada), Entre Ríos (centro-este), Corrientes (nordeste), Jujuy (norte), Tucumán (norte), Santa Fe (centro-este), Chaco (nordeste).
«Saqueos no son espontáneos», dice Gobierno
El gobierno federal acusó este lunes a grupos políticos de organizar saqueos a través de las redes sociales, casi en simultáneo con las huelgas policiales.
«Se ha podido comprobar que los saqueos no son espontáneos sino que son organizados. Se dan en forma simultánea con una medida de fuerza (de la policía) que va en contra de la ley», dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, en rueda de prensa.
Advirtió que su ministerio va «a realizar las denuncias penales correspondientes» y exhortó a los policías en huelga a que «depongan la privación del servicio público de inmediato».
«No vamos a tolerar que las fuerzas policiales condicionen los gobiernos constitucionales», advirtió el ministro.
Agregó que «no queremos que saqueadores empañen una celebración del pueblo argentino» por los 30 años de democracia, con un acto el martes en Plaza de Mayo encabezado por la presidenta Cristina Kirchner.
Capitanich, ministro coordinador del gobierno de Kirchner, afirmó que «no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma».
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Daniel Scioli firmó un decreto de aumento salarial que duplica el sueldo actual y pidió a los grupos aún en huelga que depongan su actitud, según un anuncio oficial.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dijo a radio Del Plata que «no hay una situación social que justifique lo que sucede. Es sedición, hay instigación política para estos hechos», agregó el gobernador.
El gobernador socialista de Santa Fe, Antonio Bonfatti, hizo «responsables de la vida y bienes de las personas» a los policías que rechazaron su oferta salarial y siguen en huelga aunque no acuartelados.
El acuartelamiento de policías no alcanza a las fuerzas federales, de unos 44.000 policías federales y 34.000 gendarmes, según cifras oficiales, y se limita a algunas del ámbito provincial.
Cada provincia tiene su propia policía, cuyos salarios dependen de las respectivas administraciones.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 57.000 efectivos, Córdoba con 22.000 y Santa Fe con 18.000.
Los gobiernos provinciales de Córdoba, Neuquén (sur), San Juan (oeste), Catamarca (norte) y Río Negro (sur) y Chubut (sur), lograron sofocar las protestas con mejoras que duplican o triplican los salarios de los uniformados.
En Argentina la inflación anual se ubica en torno al 30%, según consultoras privadas
En diciembre de 2012, cuatro personas murieron y decenas sufrieron heridas en la agroindustrial ciudad de Rosario, 300 km al norte de la capital, en medio de una ola de saqueos que sacudió a otras ciudades provinciales.
Los bolsones de pobreza que rodean a los grandes centros urbanos buscan ser atenuados por el gobierno con un subsidio en pesos equivalente a 80 dólares en beneficio de unos 3,5 millones de personas.