ACAPULCO, 10 noviembre 2014. Padres de los 43 estudiantes posiblemente masacrados y sus compañeros retomaron este lunes las protestas contra el gobierno mexicano tratando de manifestarse en el aeropuerto del balneario de Acapulco (sur), donde un choque con la policía ya dejó una decena de lesionados.
Unos 300 manifestantes, que se identifican como estudiantes, y algunos padres de los 43 desaparecidos iniciaron una marcha hacia el aeropuerto de este gran centro turístico, pero policías antimotines les impidieron en un primer momento el paso en la principal vía de acceso.
Los manifestantes, la mayoría encapuchados, reaccionaron lanzando piedras contra los policías, constató la AFP.
Diez agentes resultaron heridos por golpes y uno por quemaduras causadas por un cóctel molotov, dijo un funcionario de Seguridad Pública del estado de Guerrero.
Tras un diálogo de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de las víctimas, con autoridades se permitió que los manifestantes siguieran su marcha hacia el aeropuerto con el compromiso de que fuera pacífica.
Los manifestantes portan palos, tubos y algunos también los machetes que se suelen lucir en manifestaciones campesinas. En la refriega también lograron arrebatar algunos escudos a los policías federales.
Por esta situación decenas de turistas están teniendo que llegar a pie, arrastrando sus maletas, al aeropuerto para tomar sus vuelos.
«Nunca me había tocado vivir algo así, pero nos tocará andar», dijo resignada a la AFP Marcela Tijerina, una turista mexicana que regresa a Monterrey (norte) tras pasar el fin de semana con sus amigas en Acapulco.
Un oficial de policía herido en las calles durante los enfrentamientos con los manifestantes a raíz de una protesta contra la masacre sospechoso de 43 desaparecidos estudiantes mexicanos, en las proximidades del aeropuerto de Acapulco. Foto D1, AFP.
Furia contra autoridades
La manifestación forma parte de la campaña de protestas para exigir a las autoridades que sigan la búsqueda y encuentren con vida a los 43 estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) que desaparecieron el 26 de septiembre en la cercana Iguala tras ser brutalmente atacados por policías locales y entregados después a sicarios del narcotráfico.
El pasado viernes, la fiscalía anunció que tres sicarios confesaron haber asesinado a los estudiantes y quemado sus cadáveres, que después arrojaron en estado de calcinación a un río cercano.
Incrédulos, los padres y compañeros de los jóvenes reclaman a la fiscalía que pruebe esta versión e insisten en que los desaparecidos siguen vivos.
Pero el anuncio de la fiscalía generó una gran conmoción nacional y varias contundentes acciones de protesta. El sábado estudiantes se desplazaron hasta la cerrada gobernación del estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, donde incendiaron una decena de vehículos.
La noche del sábado, un pequeño grupo radical se desprendió de una masiva y pacífica manifestación en el centro de Ciudad de México para intentar derribar e incendiar la puerta principal del emblemático palacio nacional.
Polémicas de Peña Nieto
El crimen de Iguala ha generado la peor crisis para Enrique Peña Nieto desde que asumió la presidencia en 2012.
Sin embargo, el mandatario decidió mantener una gira de seis días por China y Australia para participar en las cumbres de APEC y G20.
La partida el domingo de Peña Nieto, que fue uno de los últimos mandatarios en llegar a la cumbre de APEC, irritó a los padres y compañeros de los desaparecidos, para quienes este caso no está para nada cerrado.
«Están jugando con los sentimientos de los padres de familia y parece que al presidente le preocupa más ir a otros países que afrontar a su país conmovido», expresó a la AFP uno de los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa.
«Mientras no haya justicia para el pueblo, no habrá descanso para el gobierno», avisó.
«Nosotros vamos a seguir luchando y vamos a empezar acciones diferentes, más fuertes, porque el gobierno no nos ha hecho caso», avanzó la noche del domingo Epifanio Álvarez, padre de uno de los desaparecidos.
Cuando ya volaba a China, el presidente se vio envuelto en otra controversia en su país.
El sitio de noticias de la periodista Carmen Aristegui informó que la primera dama firmó un contrato en 2012 para la compra de una lujosa mansión en Ciudad de México valorada en siete millones de dólares.
La casa era propiedad de una firma mexicana que participa en un consorcio, encabezado por la compañía China Railway Construction Corporation, que el 3 de noviembre obtuvo la licitación para construir el primer tren de alta velocidad en México y América Latina por más de 3.700 millones de dólares.
Sólo tres días después, Peña Nieto revocó esta concesión tras cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de licitación, en el que ese consorcio fue el único postor.
La oficina de Peña Nieto reaccionó al reporte recalcando que la vivienda fue adquirida únicamente por la primera dama, la popular exactriz de telenovelas Angélica Rivera.
La empresa china estudia emprender acciones legales por la anulación de la licitación.