Con una vida de endémica exclusión, la guatemalteca Verónica Escobar, de 38 años y vecina de una aldea del departamento de Zacapa, en el nororiente de Guatemala, añora que sus hijos y sus nietos rompan con el pasado. De lo contrario, el futuro de los descendientes de Verónica y de miles de familias será caer en la delincuencia, migrar dentro o fuera del país o seguir atrapados como braceros en las viejas opciones agropecuarias—ganadería, maíz, frijol o café—y sus reiteradas sequías y plagas.
“No quiero que crezcan como yo, sin oportunidades”, dice esta mujer que sueña con que sus cinco hijos liguen su futuro al “Corredor Interoceánico de Guatemala”, un megaproyecto de más de US$9.800 millones que busca sacar de la marginación al oriente guatemalteco y pertenece a 3.533 indígenas, campesinos, productores agropecuarios, obreros, comerciantes y pequeños empresarios.
“El maíz o los frijoles jamás nos sacarán de la pobreza… las tierras están agotadas”, alega. Al igual que Verónica, los otros 3.532 pequeños propietarios y familias aportan sus tierras para ser socios de una empresa sin dueño único, pero sin perderlas ni despojarse de su patrimonio inmueble.
El Corredor, que busca competir con el Canal de Panamá, con el anunciado Gran Canal de Nicaragua y con el Corredor Logístico de Honduras, en el transporte terrestre internacional de mercancías y personas entre los océanos Atlántico y Pacífico, está concebido como una oferta social que desestimule la masiva migración irregular a Estados Unidos y cambie los modelos tradicionales de desarrollo socioeconómico.
En una región que, como el oriente, es base de tráfico de drogas, armas y otras actividades del crimen organizado, el plan es una de las principales iniciativas de infraestructura en la historia de Centroamérica, con la ampliación de la ruta panameña en US$5.250 millones, la construcción del paso nicaragüense en US$50 mil millones y el despliegue de la ruta hondureña en US$240 millones.
Con el Corredor se pretende construir un ferrocarril (con la Generalitat de Cataluña), una carretera y un aeropuerto, colocar un oleoducto e instalar infraestructura educativa, comercial, industrial y turística, con mano de obra calificada. La idea está diseñada para que corra paralelo a las fronteras con Honduras y El Salvador, generadoras de decenas de miles de migrantes irregulares.
Con 376 kilómetros de longitud del Pacífico al Atlántico en los departamentos de Izabal y Zacapa (nororiente), Jalapa y Chiquimula (centro-oriente) y Jutiapa y Santa Rosa (suroriente), uno de los objetivos es reducir el tiempo de transporte entre ambos océanos de carga que proceda o se dirija a Asia, Oceanía, Europa, Estados Unidos, Canadá, México y el resto de América Latina y el Caribe. El plan, en la mira del Banco Mundial para atraer a inversores internacionales, se apoya en su factibilidad ambiental y jurídica.
“El Corredor es nuestra última oportunidad de lograr autonomía económica y desarrollo”, dice René Osorio, de 66, alcalde de Santa Catarina Mita, Jutiapa, y presidente del bloque de 58 alcaldías por las que pasará el Corredor. “Existen intereses contra el Corredor de parte del poder económico enquistado que se cree dueño de Guatemala. No queremos seguir de esclavos”, advierte.
Al Corredor “lo defendemos, nos pertenece, es nuestra única esperanza para salir de la pobreza extrema”, insiste Apolo Pérez, de 69 años y representante legal de la Comunidad Indígena Xinka del suroriental departamento de Jutiapa. “Somos unos 100 mil xinkas, más de 75 mil en pobreza extrema y sin fuentes laborales”, precisa.
Aunque declaró al Corredor de interés público, el Gobierno de Guatemala ahora lo bloquea y lanzó una iniciativa paralela para desplegar un oleoducto en el oriente. Pese a reiteradas solicitudes de este periodista, el Gobierno se abstuvo de responder un cuestionario que se le entregó desde el 10 de septiembre anterior al ministro guatemalteco de Economía, Sergio de la Torre, para que replicara los cuestionamientos sobre el oleoducto y la oposición al Corredor.
“El oleoducto del Gobierno es perjudicial, quitará tierras a las poblaciones y carece de enlace económico: una tubería sin infraestructura adicional”, aduce Osorio.
Por eso, el Corredor abre expectativas. “Al salir de la escuela no pude seguir estudiando: no quiero eso para mis dos hijos”, narra Mildred Orellana, de 35 y de Agua Blanca, Jutiapa. “Tengo 4 hijos y 4 nietos… sin futuro si seguimos pensando en maíz y frijoles”, lamenta Sonia Bernal, de 46 y de esa misma comunidad.
“La ilusión es que el Corredor nos traiga empleo a los xinkas”, explica Ema Carmona, de 24. “De lo contrario, otro corredor es el del mal, el único otro camino que hay para la juventud”, alerta.