El gobierno español recurrió este lunes al Tribunal Constitucional para detener la consulta sobre la independencia convocada por el presidente regional de Cataluña, Artur Mas, para el 9 de noviembre, anunció el jefe de gobierno Mariano Rajoy.
«La ley no es un capricho de un gobierno, ni de éste ni de ningún otro. Sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos», aseveró Rajoy tras un consejo de ministros extraordinario celebrado en Madrid.
«Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad», dijo el jefe de gobierno conservador, advirtiendo que «no hay nada ni nadie» que pueda romper el principio de soberanía nacional del Estado español, protegido por la Constitución.
«Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español», añadió Rajoy.
El jefe de gobierno dijo lamentar profundamente la convocatoria de la consulta realizada por Mas, «porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes y los aleja de Europa».
«Por no hablar de la frustración a la que está condenando a parte de los ciudadanos de Cataluña», agregó.
Férreamente opuesto al proceso iniciado en esta importante región del noreste de España, el gobierno central presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la consulta convocada el sábado por Mas y contra la ley aprobada recientemente por el parlamento catalán para dar amparo jurídico a esa votación.
Cuando el Tribunal Constitucional acepte a trámite estos recursos, la consulta quedará inmediatamente suspendida de modo cautelar hasta que la institución dicte sentencia sobre la cuestión.
Mientras, en Cataluña, el gobierno regional ya ha empezado los preparativos para celebrar la consulta del 9 de noviembre, a la que están llamados a participar 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años.