El Gobierno de Costa Rica condenó hoy las manifestaciones violentas, los discursos y los llamados de odio contra nicaragüenses en su país, que según señaló no se corresponden con la idiosincrasia costarricense.
El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, indicó en conferencia de prensa que las protestas son «inéditas» y pidió respeto a la legislación, las leyes y el Estado de derecho.
«Las manifestaciones tenían una forma que no responde a la idiosincrasia nacional, del ser costarricense, y claramente los discursos de odio, los llamados al odio y la violencia deben ser erradicados del país y no son sujeto de nuestra idiosincrasia. Debemos ser muy cuidadosos de cuidar esa paz y solidaridad humana que debemos practicar», afirmó Mendoza.
Cientos de costarricenses se manifestaron hoy en un parque del centro de San José contra el ingreso de nicaragüenses que piden refugio tras la crisis política de su país. La protesta terminó en disturbios, ofensas y varios detenidos.
Con gritos de «¡Fuera nicas!» y con banderas y camisas de Costa Rica, algunos costarricenses organizaron una marcha para protestar contra el ingreso de ciudadanos del país vecino, que ellos califican como masivo.
La manifestación, que en un principio iba a ser pacífica, terminó en golpes, disturbios, ofensas y varios detenidos. La policía tuvo que cerrar indefinidamente el parque La Merced, ubicado en el centro de la capital y donde usualmente se reúnen personas de nacionalidad nicaragüense, como medida de prevención.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó en conferencia de prensa que hubo tres focos de violencia, el más caótico en el parque La Merced, y en otros dos puntos de San José, el Parque Central y la plaza de La Cultura.
La policía detuvo en total a 44 personas, algunas con antecedentes criminales. De ellas son 38 costarricenses, seis nicaragüenses y seis menores de edad cuya nacionalidad no trascendió.
«Varias personas se presentan al lugar con consignas y durante las consignas proceden a agredir a algunas personas de los alrededores. Algunos sujetos tenían esvásticas en la ropa y cuerpos, situación que no pertenece a la idiosincrasia costarricenses y que nos preocupa», declaró el ministro de Seguridad.
Soto indicó que el grupo de manifestantes se formó a través de redes sociales y contaba en sus filas con integrantes de ideologías anárquicas y filosofía nazi, así como pertenecientes a barras de fútbol.
Las autoridades también informaron del decomiso de 13 armas blancas y ocho bombas molotov.
Los discursos de xenofobia aumentaron después de que el Organismo de Investigación Judicial indicara que un nicaragüense podía ser el responsable del asesinato de una turista española en la localidad de Tortuguero (Caribe).
Además, han circulado noticias falsas sobre la quema de una bandera de Costa Rica por parte de nicaragüenses, así como hechos delictivos en los cuales incriminan falsamente a ciudadanos de Nicaragua, lo que ha incentivado la violencia hacia esa población.
«Para evitar que la situación de violencia crezca vamos a cerrar indefinidamente el parque La Merced y va a estar custodiado por la policía. Entre las medidas realizaremos operativos en los alrededores sobre migración ilegal (…) Vamos a evitar brotes de violencia, es nuestro deber mantener el orden público», dijo Soto.
El Gobierno de Costa Rica indicó que trabaja en acciones coordinadas para garantizar la seguridad nacional y para atender los flujos migratorios que se dan en su país.
Costa Rica es un pequeño país de 4,9 millones de habitantes y cerca del 8 por ciento de su población es inmigrante, la mayoría nicaragüenses.
Tras la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, las autoridades costarricenses han reportado un incremento exponencial de solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país.
Datos oficiales divulgados hoy indican que desde junio un total de 23.000 nicaragüenses han solicitado refugio en el país vecino. Sin embargo, el 80 por ciento son personas que llevan varios años viviendo en Costa Rica y no pueden considerarse como refugiados.
Hoy se cumplen cuatro meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en exigencias para que renuncie el mandatario, que lleva once años seguidos en el poder y a quien algunos detractores acusan de abuso y corrupción.
Organismos humanitarios, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han contado entre 317 y 448 muertos en la crisis sociopolítica más sangrienta de Nicaragua desde la década de 1980, cuando también era presidente Ortega, quien solo reconoce 198 víctimas mortales.