El Salvador
sábado 28 de diciembre de 2024

Fuerzas federales toman control de ciudad mexicana donde desaparecieron estudiantes

por Redacción


La seguridad de la localidad estará ahora en manos del cuerpo especial de Gendarmería, que entró en funcionamiento apenas en agosto, apoyado por el Ejército, informó el comisionado nacional de seguridad.

El gobierno mexicano desplegó este lunes a fuerzas policiales y militares para tomar el control de la ciudad de Iguala (sur) y esclarecer la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos hace diez días en ataques conjuntos de agentes locales y narcotraficantes.

Las autoridades temen que algunos de esos estudiantes estén entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Iguala el pasado fin de semana pero piden esperar al resultado de las identificaciones, mientras sigue la búsqueda de los jóvenes.

Los familiares se resisten a creer que los estudiantes estén entre los muertos de las fosas y exigen al presidente Enrique Peña Nieto que los encuentre con vida.

Tras un convulso fin de semana, Peña Nieto compareció este lunes ante la prensa para comprometerse a castigar a los responsables de unos crímenes que calificó de «indignantes, dolorosos e inaceptables».

No cabe «el más mínimo resquicio para la impunidad», subrayó el mandatario al comprometer la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de Naciones Unidas a las autoridades.

Peña Nieto ordenó el envío inmediato a Iguala -200 km de Ciudad de México- de militares y policías federales, así como de investigadores y peritos de la fiscalía federal.

La seguridad de la localidad estará ahora en manos del cuerpo especial de Gendarmería, que entró en funcionamiento apenas en agosto, apoyado por el Ejército, informó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, que no detalló el número de efectivos desplegados.

A su llegada a esta población de 140,000 habitantes, los soldados desarmaron a los policías municipales que aún estaban en activo.

Otros 22 policías de Iguala ya habían sido detenidos y acusados de colaborar con sicarios del cártel Guerreros Unidos en las balaceras contra los estudiantes

Este lunes, el resto de policías locales eran trasladados a una base militar de evaluación en el centro del país y sus armas serán examinadas.

Un equipo de la AFP constató como los nuevos efectivos enviados a Iguala ya colocaron un control para revisar autos en la entrada mientras que camionetas del Ejército patrullan los alrededores.

Familias desconfían de autoridades

Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos aún desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

El domingo la Fiscalía aseguró que dos sicarios de Guerreros Unidos detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro de los alrededores de Iguala donde el sábado fueron halladas fosas clandestinas con los 28 cadáveres aún no identificados.

De su lado, los familiares de las víctimas mantienen una angustiosa y tensa espera en la Escuela Normal de Ayotzinapa. En esa escuela estudiaban Magisterio los desaparecidos y es conocida por un gran activismo de izquierda en Guerrero, una de las regiones mexicanas más empobrecidas y afectadas por la violencia de los cárteles.

El presidente «tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida», dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero del Comité de Padres.

Los familiares se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los estudiantes. Algunos de ellos dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.

La fiscalía de Guerrero dijo que algunos de los cuerpos fueron incinerados y están partidos en trozos, por lo que las labores de identificación demorarán entre 15 días y dos meses.

A pedido de familiares y ONGs, el gobierno regional pidió la colaboración de nueve especialistas forenses de Argentina.

Estos especialistas extranjeros vinieron «para certificar que son nuestros hijos, de lo contrario no vamos a aceptar que autoridades hagan ese estudio», dijo Martínez.

«Somos padres desesperados, capaces de cualquier acción por encontrarlos», advirtió otro padre.

Alianza de narcos y policías

La desaparición de los estudiantes es una nueva prueba de la profunda infiltración del narcotráfico en organismos policiales de México, donde hay más de 80.000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22.000 desaparecidos.

Las sospechas de colusión llegan hasta el director de Seguridad Pública y el alcalde de Iguala, que están prófugos desde las balaceras.

Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública y que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que solo se conoce el apodo de ‘El Chucky’, que sería un cabecilla de los Guerreros Unidos, según la fiscalía regional.