El Parlamento francés adoptó este jueves de forma definitiva una ley para reforzar la confianza en la justicia que, entre otras cosas, creará una unidad con magistrados especializados para aclarar los crímenes en serie y los casos no resueltos.
Esta jurisdicción, que tratará de forma centralizada todos esos delitos, pretende corregir los errores constatados en investigaciones como la del asesino en serie Michel Fourniret y otros crímenes que llevan años durmiendo en los archivos de los tribunales sin dar con los autores.
El Ministerio de Justicia señaló en un comunicado que para facilitar el trabajo de esa nueva entidad judicial se podrá incorporar el ADN de las víctimas o de sus familias en el Fichero Nacional Automatizado de Huellas Genéticas (FNAEG).
La idea es que, al trabajar juntos, una serie de jueces y fiscales especializados se faciliten por ejemplo los intercambios de informaciones y procedimientos con otros países eventualmente implicados.
La nueva ley, directamente asociada con el ministro de Justicia que le da su nombre, Éric Dupond Moretti, también pretende dinamizar las investigaciones judiciales preliminares, que de forma general no podrán durar más de dos años. No obstante, los fiscales podrán decidir su prolongación un año más.
Cuando se trate de investigaciones por terrorismo o por hechos de delincuencia organizada, el límite inicial será de tres años, con una posible prolongación de dos años. Además, los plazos podrán suspenderse cuando haya que hacer un procedimiento en dirección de la justicia de otro país.
Para intentar dar más transparencia al funcionamiento de los tribunales, las audiencias podrán grabarse y filmarse, algo que ahora está prohibido salvo contadísimas excepciones, y eso siempre que se pueda justificar «por un motivo de interés público, de carácter pedagógico, informativo, cultural o científico».
En cualquier caso, esas grabaciones -que deberán estar autorizadas por los responsables de cada jurisdicción después de haber sido consultado el Ministerio de Justicia- no se podrán emitir sino una vez que el caso esté juzgado de forma definitiva, lo que incluye el fin de los eventuales recursos.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley Dupond-Moretti, que fue durante 36 años abogado y consiguió un gran prestigio al lograr la absolución de sus clientes en procesos penales muy mediáticos, es el referido al secreto profesional de los abogados.
Tendrá que ser un juez de las libertades y de la detención el que dé el visto bueno para que se lleve a cabo un registro en un gabinete de abogados y no el fiscal como hasta ahora.
El secreto profesional protegerá toda la relación entre un cliente y su defensor incluso antes de que comience el procedimiento penal y estarán cubiertos por ese secreto también los documentos vinculados a esa relación que se pudieran incautar fuera del bufete del abogado.
Eso significa que no se podrán interceptar las comunicaciones telefónicas ni tampoco los datos de conexión, salvo si hay una autorización judicial.