El Supremo Tribunal de Brasil autorizó este viernes a que la policía llame a testificar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, como «informante» y no como investigado, en el marco de las indagaciones sobre el escándalo de corrupción que expolió a la estatal Petrobras.
El ministro Teori Zavascki respondió así a la petición que la policía le hizo llegar el 10 de septiembre, y que más tarde apoyó la fiscalía, para escuchar a Lula (presidente de 2003 a 2010) alegando que «podría haberse beneficiado» del mayor esquema de corrupción descubierto en la historia de Brasil.
«En este caso, las manifestaciones de esas autoridades son coincidentes en el sentido de que las personas a ser oídas en diligencias complementarias no ostentan la condición de investigadas, sino que según se desprende del requerimiento de la autoridad policial, de informantes», argumentó Zavascki en su decisión a la que tuvo acceso la AFP.
Además de Lula, el Supremo Tribunal autorizó a que sean oídos tres exministros del PT, así como dos expresidentes de Petrobras, entre otros «informantes».
El magistrado decidió también prorrogar las investigaciones por un plazo adicional de 80 días.
El delegado de la Policía Federal Joselio Azevedo de Sousa había argumentado en su escrito del mes pasado que Lula debía ser escuchado en la investigación, ya que «en su condición de mandatario máximo del país, podría haberse beneficiado del esquema en curso en Petrobras, obteniendo ventajas para sí, su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o incluso para su Gobierno, con el mantenimiento de una base de apoyo partidario sustentada a costa de negocios ilícitos».
El expresidente Lula aparece mencionado desde muy temprano en el que ya es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, a través de algunos testimonios dados a la justicia por implicados en el caso, que colaboran a cambio de una reducción de sus condenas.
Pero, según aclaraba el propio Azevedo de Sousa en su petición al máximo tribunal, ningún testimonio ha aportado pruebas para abrir una investigación al cofundador del PT.
El escándalo en la petrolera estatal, que costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras, ha marcado la convulsionada agenda de Brasil este año. Cada nueva revelación produce una sacudida política por sus vinculaciones con la élite empresarial y política del país.
De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabulados.
Además de funcionarios de la petrolera, directivos de empresas e intermediarios de los sobornos, son investigados por presunta corrupción legisladores de varios partidos y otros políticos en ejercicio, como el presidente de la Cámara de Diputados, el ahora opositor Eduardo Cunha, y el senador Fernando Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992.