El fiscal que lleva el caso del buque norcoreano detenido en Panamá con armas cubanas sin declarar ya concluyó las investigaciones, aseguró este viernes la fiscal jefe panameña, Ana Belfon.
«Lo que sí les puedo comunicar es que la investigación ha concluido y el fiscal de drogas (Javier Caraballo) nos va a remetir el expediente» la próxima semana, aseguró Belfon a los periodistas sin entrar en detalles.
Por otra parte, una fuente ligada al caso aseguró a la AFP -bajo condición de anonimato- que la próxima semana el gobierno de Corea del Norte «estará enviando a Cuba una misión de cuatro personas, que esperarán cualquier decisión de los tribunales panameños».
Esa delegación, integrada por un capitán de barco, un ayudante, un técnico en comunicaciones y un representante de la entidad naval, «conducirían la embarcación a Corea del Norte una vez que sea liberada la tripulación o parte de ella», añadió.
El carguero norcoreano «Chong Chon Gang» fue detenido el pasado 10 de julio cuando trataba de cruzar el canal de Panamá con armamento cubano sin declarar, incluidos aviones Mig-21, baterías antimisiles y vehículos de uso militar escondidos bajo toneladas de sacos de azúcar.
La tripulación, formada por 35 marinos norcoreanos, está detenida en Panamá bajo la acusación de tráfico de armas, lo que podría suponer hasta 12 años de prisión.
Dado que en el buque no se encontraron drogas, Caraballo deberá ahora entregar el expediente a Belfon para que lo remita a la fiscalía de crimen organizado.
«Al fiscal al que le corresponda debe hacer una evaluación de lo actuado y tomar las determinaciones que en derecho corresponden», aseguró Belfon, quien tampoco adelantó si los marinos serán llamados a juicio por este caso.
El canciller panameño, Fernando Núñez, aseguró recientemente a la AFP que si Caraballo dicta un sobreseimiento, los marinos norcoreanos «se montan en su barco y se pueden ir con total libertad».
Por este caso las Naciones Unidas aún deben determinar si la carga viola alguna resolución de la ONU sobre Corea del Norte.
Cuba reconoció la propiedad del arsenal, que calificó como «defensivo y obsoleto», mientras que Pyongyang aseguró que se trató «de un contrato legítimo» para reacondicionar las armas cubanas.