La fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, impulsora del juicio por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, se postuló este viernes para la reelección al cargo, luego que una orden constitucional determinó que su mandato vence siete meses antes de lo previsto.
«Tenemos un desafío muy grande, que es garantizar que los cambios que se han logrado hasta este momento se fortalezcan y continúen (…). No permitir que existan retrocesos en lo que hemos logrado», dijo Paz y Paz al diario local La Hora, previo a formalizar su candidatura.
Paz y Paz, cuya gestión es destacada por organismos internacionales como un avance en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, presentó su expediente minutos antes del cierre establecido por la comisión postuladora para recibir las solicitudes en una sala de la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal opta a la reelección debido a que en febrero pasado la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima entidad judicial del país, aceptó un recurso de un abogado y estableció que el periodo de cuatro años de Paz y Paz concluye en mayo, a pesar que ella asumió el cargo el 9 de diciembre de 2010. El fallo desató una ola de rechazo de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
La decisión de la CC «afecta la reputación internacional de Guatemala porque es muy reconocida la labor de la fiscal», dijo la asesora principal del organismo defensor de los derechos humanos WOLA, Jo-Marie Burt, durante una rueda de prensa ofrecida el pasado 12 de febrero.
Mientras que el encargado antidrogas del Departamento de Estado estadounidense, William Brownfield, indicó durante su visita a Guatemala, hace casi un mes, que «el trabajo de la Fiscalía General en los últimos años contribuye directa y concretamente a un futuro mejor».
La actual fiscal general, junto a más de 20 candidatos, será sometida a un proceso de evaluación por la comisión que presentará una nómina de seis candidatos al presidente Otto Pérez, quien elegirá al nuevo fiscal general antes de mayo.
Según datos de la Fiscalía, durante la gestión de Paz y Paz Guatemala logró reducir la impunidad de un 95% a un 70%.
Además, entre otros, emprendió la tarea de investigar casos por masacres, desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra que vivió el país entre 1960 y 1996.
Paz y Paz reemplazó en diciembre de 2010 a Conrado Reyes, quien debió abandonar el puesto antes del vencimiento de su plazo, debido a las denuncias que pesaban en su contra por supuestos vínculos con grupos criminales.