El rey Felipe VI de España ha renunciado a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, Juan Carlos I, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud.
La Casa Real española publicó este domingo un comunicado en el que informa además de que Juan Carlos I deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey.
El comunicado se difundió tras diversas informaciones publicadas este fin de semana en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad «offshore» creada por el rey Juan Carlos I vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
Corrupción borbona
La Fiscalía Anticorrupción española envió a Suiza una comisión rogatoria para recabar datos sobre una supuesta donación de 65 millones de euros del rey emérito Juan Carlos I a su amiga Corinna Larsen.
Fuentes jurídicas confirmaron este jueves a EFE el envío de esa solicitud de auxilio judicial a la Fiscalía de Suiza, que se cursó aproximadamente hace un mes.
La petición se produjo en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el pago de posibles comisiones en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de una línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí) por más de 6.700 millones de euros.
El pasado martes, el diario suizo Tribune de Geneve, publicó que el fiscal especial de Ginebra Yves Bertossa, que investiga esos hechos, encontró evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por dos gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana.
El fiscal Bertossa ya tomó declaración el pasado 19 de diciembre a Fasana, Canónica y a Corinna Larsen.
La Fiscalía de Ginebra, contactada por Efe, declinó confirmar la recepción de la comisión rogatoria española o los pasos que dará esta institución tras recibirla.
Según el citado diario, la Fiscalía suiza considera que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum procedían del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I.
A raíz de esa información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado remitido a EFE que su cliente recibió en 2012 un regalo «no solicitado» del rey emérito, «quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo».
«La donación se documentó claramente como un regalo, y las empresas de servicios profesionales y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida necesarios», añadieron los abogados.
También sostuvieron que Larsen no tuvo ninguna participación en el contrato del tren de alta velocidad y que la «donación» de Juan Carlos I «no tiene conexión» con la adjudicación del proyecto.
Corinna Larsen mantuvo unas conversaciones en 2015 en Londres con el excomisario de policía José Villarejo (actualmente encarcelado tras ser acusado de numerosos delitos) que este grabó, y en las que ella hacía referencia a comisiones que don Juan Carlos presuntamente habría percibido por ese contrato y que ella habría sido su testaferro.
El anterior juez instructor decidió de acuerdo con la Fiscalía archivar ese caso ya que solo existía el relato de Larsen, sin apoyo documental. Además, se trataría de hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, por lo que el rey entonces era inviolable desde el punto de vista jurídico.
Pero el juez remitió a la Fiscalía Anticorrupción la documentación por si se hubieran producido hechos de corrupción en la adjudicación del contrato ferroviario, y poco después esa institución abrió la actual investigación.
Tras las informaciones divulgadas esta semana, tres partidos con representación parlamentaria, los izquierdistas Más País y Compromís, junto con el independentista catalán de izquierda ERC, registraron hoy una petición para que el Congreso de los Diputados cree una comisión de investigación sobre el caso.
El partido Unidas Podemos -socio de la coalición de Gobierno- también dijo hoy que promoverá una comisión parlamentaria de investigación.