El Gobierno de Nicaragua atacó hoy a decenas de estudiantes que se encontraban atrincherados desde mayo pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), en protesta contra actos de represión del presidente Daniel Ortega que han dejado más de 351 muertos, según organismos humanitarios.
Los estudiantes fueron atacados de manera sorpresiva por las «fuerzas combinadas» del Gobierno esta tarde, mientras Ortega celebraba una fiesta sandinista con agentes de la Policía en la ciudad de Masaya.
Al igual que en diferentes ciudades de Nicaragua, las «fuerzas combinadas», compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares, y grupos oficialistas, atacaron con armas de guerra la sede principal de la UNAN-Managua, al sur de la ciudad, denunciaron los estudiantes.
El ataque se dio luego de que el Gobierno de Nicaragua mostró su interés en que las clases fueran restablecidas en la UNAN-Managua, a pesar de la presencia de los estudiantes en su interior.
Los estudiantes, que fueron expulsados de la universidad durante el ataque, utilizaban el campus como santuario de los jóvenes manifestantes que temían represalias de las autoridades, por protestar contra Ortega.
Algunos de ellos utilizaron Facebook Live para despedirse de sus padres, con la convicción de que iban a morir en el ataque, mientras podían escucharse los disparos junto a ellos.
«Mamá, perdóname, salí a defender mi patria, te amo ¿oíste?», dijo una estudiante, al pie de una barricada, en una transmisión por internet.
Inmediatamente otro alumno dijo: «A la mía (madre), que no la veo desde abril, desde que salí de mi casa en Estelí, yo le agradezco, díganle que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada, morí por una causa».
El cardenal Leopoldo Brenes condenó y repudió «los violentos ataques a los estudiantes de la UNAN Managua por parte de policías y paramilitares, quienes han causado muchos heridos».
«Quisiera invitar a las autoridades a evitar toda confrontación que lleve más sangre, más muertes de nicaragüenses», dijo el cardenal, quien se refirió nuevamente de forma directa a Ortega, la vicepresidenta y esposa de este, Rosario Murillo, y al segundo jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez se sumaron a la petición, que no fue escuchada, ya que las «fuerzas combinadas» rodearon la universidad para impedir que los estudiantes fueran rescatados, y luego incendiaron algunos edificios dentro del campus, según dijeron los alumnos, y que fue demostrado con vídeos de teléfonos celulares.
Báez también denunció un ataque y destrucción parcial de un templo católico donde los universitarios buscaron refugio.
Tres horas después del ataque los estudiantes no habían reportado muertos, pero sí decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, que no habían podido salir del recinto universitario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha señalado «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más cruda desde la década de los años 1980, también con Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.