Guatemala y Estados Unidos pusieron en marcha un polémico acuerdo migratorio para que solicitantes de asilo aguarden el proceso en el país centroamericano, con la llegada de un migrante hondureño al aeropuerto de la capital guatemalteca.
El migrante llegó en un vuelo hacia el área destinada en la terminal a la recepción de guatemaltecos deportados y será enviado a un albergue, dijo en rueda de prensa el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart.
Explicó que la persona se acogió al acuerdo y será apoyada por organizaciones internacionales humanitarias.
El convenio prevé que migrantes hondureños, salvadoreños, cubanos, haitianos o africanos aguarden en Guatemala mientras Estados Unidos resuelve su petición de asilo.
Washington firmó acuerdos similares con El Salvador y Honduras.
«Empezamos ya la etapa operativa» del acuerdo, señaló el ministro guatemalteco, quien en julio pasado firmó el convenio en Washington con el secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, en presencia del presidente Donald Trump.
Trump había presionado a Guatemala para firmar el acuerdo de «tercer país seguro» amenazando con gravar el envío de remesas familiares y las exportaciones del país centroamericano.
Degenhart, junto a la canciller Sandra Jovel, agregó que al iniciar la fase operativa del acuerdo también se realizan «pruebas» y «ajustes» del sistema de recepción de solicitantes de asilo.
El convenio ha sido criticado e impugnado legalmente en Guatemala por activistas y opositores al gobierno del presidente Jimmy Morales, al considerar que Guatemala no cuenta con las condiciones adecuadas para atender a los migrantes.
Los acuerdos migratorios con Estados Unidos se dieron luego de la crisis humanitaria del año pasado en la región con la salida de caravanas de migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que escapaban de la violencia y de la pobreza en sus países.
En septiembre pasado, defensores de migrantes fustigaron los acuerdos al considerar que convertirán al norte de Centroamérica en «una jaula para migrantes».
El tribunal constitucional le había advertido al gobierno de Morales que un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos debe tener la aprobación del Congreso, aunque Degenhart descartó que necesite el aval del Legislativo.