«¡Los queremos vivos, por bien del país!”, bajo ese mensaje inició este domingo la marcha #43X43 que exige justicia por el asesinato de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La marcha, que tiene por rumbo llegar al Zócalo, se dio horas después de que un pequeño grupo de manifestantes tratara de derribar la puerta principal del palacio nacional de Ciudad de México, ocurrido la noche del sábado durante una tensa protesta generada por el anuncio de que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron masacrados.
Una veintena de los manifestantes, algunos encapuchados, golpearon la puerta con vallas metálicas e incluso le prendieron fuego brevemente, pero no han conseguido acceder al palacio, que el presidente Enrique Peña Nieto suele usar para ceremonias oficiales, constató un equipo de la AFP.
Sin que hayan actuado los elementos de seguridad presentes, los encapuchados también pintaron en la puerta el mensaje: «Vivos los queremos», en referencia a los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre tras ser atacados por policías de la ciudad de Iguala (Guerrero, sur).
En la manifestación en la emblemática plaza del Zócalo, donde se encuentra el palacio nacional y la catedral, participan miles de mexicanos, algunos de los cuales reprocharon al grupo de encapuchados que actuara con violencia.
Imagen tomada del periódico El Excélsior.
«Están tratando de desacreditar el movimiento», dijo a la AFP una estudiante que participa en la protesta, en la que se han coreado gritos de «asesino» y «fuera» contra Peña Nieto.
En la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, otro grupo de estudiantes atacó este sábado la sede de la gobernación y prendió fuego a una decena de vehículos.
Las protestas ocurren un día después de que la fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes y quemaron sus cadáveres, un relato que los familiares de los jóvenes se niegan a creer hasta que les ofrezcan pruebas.
Estudiantes, policías y narcos: claves de la tragedia en México
Los testimonios que apuntan a la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos en México pueden dar un trágico cierre a seis semanas de angustia nacional que pusieron en evidencia la gravedad de la infiltración del narcotráfico en autoridades mexicanas.
La fiscalía general anunció el viernes que tres presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos habían confesado que asesinaron e incineraron a los estudiantes, que les habían sido entregados por policías corruptos de la convulsa región de Guerrero (sur).
Los jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales en esa empobrecida región, habían viajado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para su escuela, utilizando varios autobuses de los que se habían apoderado por la fuerza, una práctica común en sus movilizaciones.
La fiscalía acusa al alcalde de Iguala y su esposa de ordenar a sus policías que atacaran a los estudiantes, víctimas aparentemente de unas atrocidades que han estremecido a México.
¿Quiénes son los 43 estudiantes?
Todos ellos son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de Iguala. Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres.
Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela en agosto porque quería dedicarse a la enseñanza del español y la lengua indígena mixteca.
«Quería ser alguien en la vida», explicó a la AFP un familiar de Abel que pidió el anonimato.
La escuela de Ayotzinapa es conocida por su ideología socialista y su activismo radical. En el patio central lucen murales de algunos de sus intelectuales reverenciados como Karl Marx, Mao Zedong y Ernesto ‘Che’ Guevara.
Dentro de esa paredes se formaron algunos líderes de las guerrillas mexicanas de la década de los 70, como Lucio Cabañas.
¿Quiénes son los Guerreros Unidos?
Son una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que llegó a ser uno de los más poderosos y con mayor capacidad de corrupción en México hasta que militares abatieron en 2009 a su líder, Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El jefe de jefes’.
Ahora, Guerreros Unidos están entre la media docena de bandas criminales que operan en Guerrero y sostienen brutales pugnas con sus principales enemigos, Los Rojos.
El gobierno de México acusa a Guerreros Unidos de estar entre los principales traficantes de amapola y marihuana a la ciudad estadounidense de Chicago. Su presunto líder, Sidronio Casarrubias, fue capturado el 17 de octubre.
¿Quiénes son el alcalde de Iguala y su esposa?
Apodados «La pareja imperial» por su riqueza y poder, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, huyeron de la ciudad varios días después de las desapariciones.
Pineda, hermana de tres narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva, es acusada de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos en Iguala.
Abarca, ya revocado del cargo de alcalde, fue acusado por miembros de su propio Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) de asesinar a un líder agrícola, Arturo Hernández Cardona, el año pasado.
Las autoridades explicaron que en ese entonces no había suficientes evidencias para actuar contra Abarca. Finalmente, la pareja fue detenida el martes en una casa abandonada de un populoso barrio de Ciudad de México.
¿Por qué fueron atacados los estudiantes?
La fiscalía sostiene que Abarca ordenó el ataque porque temía que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, que era presidenta local de una institución pública de protección a la infancia.
Los jóvenes habían participado en fuertes protestas contra el alcalde por el asesinato de Hernández Cardona.
El detenido Sidronio Casarrubias ha declarado que la noche de las desapariciones fue informado por su lugarteniente en Iguala que los estudiantes eran parte de un grupo criminal rival.
Por ello, Casarrubias dijo que avaló acciones armadas «en defensa del territorio». La fiscalía recalca que no hay evidencias de que los estudiantes formaran parte de algún grupo criminal.