El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este viernes las personalidades jurídicas de otras 25 ONG, incluida cinco que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Alianza Ruso-Nicaragüense que estaba inactiva desde 2017.
La ilegalización de esas 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Con el cierre de esas 25 ONG suman 3,273 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, el Ministerio de Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 20 ONG «por estar en abandono y tener entre 2 a 15 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan».
Entre las afectadas se encuentran la Fundación Niños Abandonados de Nicaragua, que operaba desde 2001, y que, de acuerdo con la cartera de Gobernación, no reportaron sus estados financieros del periodo 2020-2021, y tenía su junta directiva vencida desde hace un año.
También la Fundación S.O.S Guardianes de la Infancia (FUGDI), que operaba desde 1995 y que «no reportaron estados financieros del periodo 2019 a 2021» y tenía su junta directiva vencida desde diciembre pasado.
Además, la Asociación Pro-Beneficios de la Niñez en Situación de Riesgo del Departamento de Carazo, Asociación Veteranos de Guerra de Carazo, Asociación de Pensionados y Cotizantes del Régimen de Seguridad Social de Nicaragua, Asociación de Mujeres Campesinas una Nueva Esperanza, Asociación para el Desarrollo Social, Fundación Brigada Médica de Ayuda Humanitaria Linda, entre otros.
Víctimas de la crisis sociopolítica
Y las ONG que solicitaron su disolución voluntaria son la Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Rusas en Nicaragua «Alianza Ruso-Nicaragüense», Fundación S.O.S. Veterinario, Fundación Alberto y Berta Chamorro, Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible, y Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abaunza.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce «más de 300».
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7,227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.