Grupos de activistas pro inmigrantes anunciaron este martes más protestas para exigir que el presidente, Barack Obama, ponga fin a las deportaciones de indocumentados y la Cámara de Representantes adopte una reforma migratoria, a casi un año de que el Senado la aprobara.
«Estamos fijando un plazo al Congreso para que apruebe una reforma migratoria real y significativa», dijo Steven Choi, activista de Nueva York del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés).
Durante una conferencia telefónica, FIRM, que nuclea a varias organizaciones de base, fijó el 28 de junio como fecha límite para que la cámara baja del Congreso apruebe un proyecto similar al que sancionó el Senado hace un año y un día.
Hasta ese día, los activistas anunciaron que realizarán marchas y acciones de «desobediencia civil» en Washington y otras ciudades, para presionar a la fracción legislativa republicana, contraria a la reforma.
Pero además organizarán jornadas de registro de nuevos votantes, con el objetivo de volcar a su favor la composición del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre de este año.
«El reloj está corriendo», dijo Petra Falcón, de Promise Arizona.
Al mismo tiempo, las protestas serán un nuevo llamado a Obama a detener las deportaciones en masa. Según activistas, durante su gobierno, más de dos millones de indocumentados han sido expulsados, más que en cualquier periodo anterior.
En una acción independiente, un nuevo grupo de diez inmigrantes tomó este martes el relevo de una huelga de hambre que se mantiene desde inicios de abril frente a la Casa Blanca en Washington.
«No puede haber una reforma sin antes parar este sufrimiento», dijo a la AFP Jacinta González, del Congreso de Jornaleros de Nueva Orleans (sur) que acompaña a los huelguistas, algunos en espera de ser deportados.
Obama se defiende responsabilizando al Congreso por el elevado número de deportaciones, y alega que él no tiene otra opción que hacer aplicar la ley mientras el Poder Legislativo no apruebe una amplia reforma migratoria.
El texto aprobado por el Senado contempla una vía a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes ilegales, así como un refuerzo de la vigilancia de la frontera y una revisión completa del sistema de otorgamiento de visas, entre otras iniciativas.
No obstante, el proyecto encuentra aún la oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes, y analistas coinciden en que difícilmente será sometido a votación antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Los activistas ejercen desde el año pasado una enorme presión con eventos casi diarios: desde marchas y conciertos multitudinarios hasta piquetes en las afueras de las oficinas y los hogares de los principales detractores de la reforma.