El Gobierno ecuatoriano renovó este viernes por 30 días adicionales el estado de excepción que había decretado el pasado 18 de octubre a raíz de una grave crisis de seguridad en las calles y en las prisiones, informó la Secretaria de Comunicación.
«Mediante decreto ejecutivo 257 el primer mandatario Guillermo Lasso renovó el estado de excepción declarado el pasado 18 de octubre (..) por un plazo de 30 días más», refiere el comunicado oficial.
La medida será aplicable en nueve provincias, las más castigadas por la inseguridad a lo largo de este año, y entre las que se destacan El Oro, Guayas (Guayaquil), Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Pichincha, esta última que alberga la capital Quito.
Según el Gobierno, el objetivo de la continuidad del estado de excepción es «precautelar los derechos de las personas en Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público».
El estado de excepción permite el despliegue de las fuerzas armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia en las nueve provincias mencionadas por el decreto, entre ellas, las de ejecutar operaciones de «control, registros y requisa» en casos de tenencia de armas, y sustancias sujetas a fiscalización.
La renovación de la emergencia se produce unos días después de una nueva matanza en la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil, en la que el fin de semana murieron 68 reos en un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.
Como esa, se han producido otras este año, las más graves en febrero, con 79 asesinados, y en septiembre, con 118.
Según las autoridades, lo que ocurre en las prisiones es un reflejo de una lucha en las calles del país por el control del narcotráfico, entre bandas con conexiones a carteles internacionales.
Como parte de esa lucha, ciudades de la costa ecuatoriana han visto un severo incremento de la delincuencia, asesinatos y sicariato.