Un policía antimotines y un civil murieron este jueves por impactos de bala en un nuevo incidente que lleva a 20 el saldo oficial de muertos en las protestas que sacuden Venezuela, calificadas por el presidente Nicolás Maduro como un intento de golpe de Estado.
El incidente estalló al día siguiente que Maduro llamara «a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (grupos de militancia civiles), a los obreros y campesinos, a hacer valer la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: candelita que se prenda, candelita que apagamos con nuestro pueblo».
Testigos relataron que este jueves al menos un individuo no identificado disparó contra un grupo de civiles en motocicleta que intentaba levantar una barricada colocada en el este de Caracas por sectores opositores al gobierno.
La balacera hirió mortalmente a un miembro de la policía antimotines y a uno de los motociclistas, cuyos compañeros intentaron ingresar por la fuerza a edificios vecinos desde los cuales eran atacados a pedradas por los residentes.
Por la tarde, en Altamira, en el acomodado municipio caraqueño de Chacao, nuevamente se registraron choques entre policías nacionales y decenas de estudiantes, que atacaron con piedras y algunas bombas incendiarias. Las fuerzas del orden, que los dispersaron con gases, detuvieron a 15 personas, según la alcaldía.
«Semillas de guerra civil»
El presidente Maduro puede estar sembrando «las semillas de una guerra civil» acusó hoy el secretario ejecutivo de la variopinta alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Guillermo Aveledo.
Es «la cabeza del Ejecutivo Nacional, quien desde el Paseo Los Próceres en un desfile cívico-militar, ordenó a consejos comunales, ‘colectivos’ y organizaciones de campesinos disolver las guarimbas (manifestaciones). Es una respuesta irracional», señaló Aveledo.
La presencia de civiles armados afines al gobierno que se movilizan en motocicletas para amedrentar o agredir a opositores ha sido una denuncia constante de los antichavistas, mientras desde el gobierno niegan su existencia y retrucan que hay francotiradores mercenarios a sueldo de la ultraderecha.
Los incidentes del jueves estallaron mientras organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y relatorías de las Naciones Unidas examinan la situación en Venezuela y reclaman al gobierno que investigue las decenas de denuncias de abusos policiales.
Los cancilleres de la Unasur se reunirán la semana entrante en Santiago para analizar la situación de Venezuela, al margen de la toma de posesión de Michelle Bachelet, informó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
La reunión de la OEA para analizar la crisis venezolana fue solicitada por Panamá, país al que Maduro, en un encendido discurso el miércoles frente a la tumba de su mentor Hugo Chávez, acusó de tratar de «crear las condiciones para justificar una intervención militar» y con el cual cortó relaciones diplomáticas.
En un intento por frenar las protestas que han dejado 20 muertos, casi 300 heridos y decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos, el gobierno instaló este jueves una mesa de diálogo en San Cristóbal, cuna de las protestas y en la frontera con Colombia.
Esta es la primera mesa de diálogo regional, luego de la apertura de una nacional en Caracas por Maduro y que fue boicoteada por los estudiantes y la MUD, liderada por Henrique Capriles, derrotado en la presidencial de abril con 49% de sufragios.
Las protestas las iniciaron a principios de febrero estudiantes luego de un intento de violación en un campus. Luego se sumaron sectores radicales de la oposición que piden la renuncia del gobierno electo hace 11 meses, y se extendieron a todo el país incluyendo reclamos por las altísimas tasas de homicidio, inflación y recurrente escasez de bienes básicos.
Enemigos por doquier
El gobierno sostiene que las protestas son parte de un golpe de estado en desarrollo a cargo de lo que define como grupos fascistas, con participación de Estados Unidos y sectores de Colombia.
Maduro incluyó el miércoles entre los responsables al gobierno panameño por haber convocado la reunión de la OEA, con lo que dijo se busca justificar una invasión y este
«No hemos solicitado ninguna comisión de la OEA, no vamos aceptar ninguna solicitud en el campo del consejo permanente, (…) pero si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendría que entrar clandestinamente a Venezuela, porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA», sentenció.
En Washington, la OEA seguía con una sesión de su Consejo Permanente al acercarse la medianoche del jueves para discutir una propuesta de Panamá para llamar a una consulta de cancilleres sobre Venezuela, pero la representación mexicana descartó que se alcancen los votos para aprobarla y adelantó que podría producirse una «declaración política» que llame al diálogo.
La acusación a Panamá y la ruptura de relaciones diplomáticas ocurrieron poco después de un gigantesco desfile militar con el cual la Revolución Bolivariana exhibió sus músculos, un poderío financiado con millardos de petrodólares del país que cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo.
Este jueves, Caracas ordenó la salida en un plazo de 48 horas del embajador panameño y de tres diplomáticos más, según informó una funcionaria panameña.
En la jornada también, desde Ginebra, cuatro relatores de las Naciones Unidas en las áreas de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación y tortura reclamaron a Caracas que investigue en forma urgente «las denuncias de numerosos casos de detención arbitraria de manifestantes».
Los informes procedentes de Ginebra –de momento sin repuesta del gobierno venezolano– agregan que de acuerdo con las denuncias algunos de los detenidos «fueron presuntamente golpeados, y en algunos casos gravemente torturados».