La Cámara de Diputados de México aprobó el jueves por unanimidad la reforma constitucional para suprimir los fueros de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, lo que permitiría que sean juzgados en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
El documento, que deberá ser aprobado por el Senado y por al menos 17 de los 32 congresos estatales del país, recibió el apoyo de los 370 diputados presentes en la sesión, de los 500 que forman el órgano legislativo.
La iniciativa parlamentaria modifica ocho artículos de la Constitución para eliminar la inmunidad procesal del presidente, secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, magistrados y cargos locales.
Las personas que ostenten estos cargos estarán sujetas a las mismas condiciones procesales que tiene cualquier ciudadano de México por la comisión de un delito, excepto la prisión preventiva. A los funcionarios tampoco se les podrá aplicar la suspensión del cargo hasta que la sentencia sea firme.
De acuerdo con la Constitución mexicana, hasta la fecha el presidente del país «solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común» mientras esté en ejercicio.
Asimismo, la reforma incluye al presidente de la República en la lista de cargos sujetos a juicio político, por lo que el jefe del Estado podrá ser destituido si el Legislativo federal lo aprueba con una mayoría calificada.
Los diputados que participaron en el debate de aprobación del dictamen coincidieron en señalar que esta reforma es «histórica» y que permitirá terminar con la «impunidad» de los funcionarios públicos.
Los distintos candidatos a la Presidencia mexicana que concurrirán a las elecciones del próximo 1 de julio han manifestado durante la campaña electoral su voluntad de suprimir la inmunidad judicial y los privilegios del presidente en un país asediado por la corrupción y la impunidad.