Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, es el cabecilla de una red de tráfico de drogas, oro y combustibles cuyas ganancias se las entregan los 24 comandantes de las gobernaciones provinciales de ese país en un sobre que cada mes, como mínimo, debe contener hasta 500 mil dólares mensuales, según una publicación del periódico español ABC.
De acuerdo con el periódico conservador, este mecanismo de distribución de ganancias demuestra que los militares venezolanos controlan redes de tráfico de personas y armas, de drogas, combustibles en la frontera con Colombia y la minería ilegal de oro. Es decir: eso convierte al gobierno que preside Nicolás Maduro en un gobierno criminal.
La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) es la “gran administradora del negocio del narcotráfico en Venezuela”, puede leerse en el artículo titulado Cabello gana medio millón de dólares mensuales en negocios ilegales. Su función, entonces, es hacer precisamente lo contrario de lo que su nombre dicta: cuando los 24 comandantes operativos distribuidos en igual número de provincias encuentran alijos en vez de incautarlos cobran impuestos por dejarlos pasar cuando no pertenecen a miembros del gobierno chavista y cuando sí lo son simplemente garantizan la logística del transporte.
Los cobros o vacunas por permitir el paso de la droga o de las personas que viajan ilegalmente o de los combustibles de contrabando oscilan entre los 10 mil a 15 mil dólares que posteriormente son llevados a Caracas.
“A través de este procedimiento, Cabello percibe alrededor de medio millón de dólares mensuales en metálico, para su uso personal”, dice el artículo que firman Alexis Rodríguez y Gabriela Ponte.
Esos señalamientos, continúan los autores, coinciden con los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en un documento publicado en el año 2019 asegura que los militares chavistas crearon el Cártel de los Soles para traficar a alto nivel.
El Cártel de los Soles opera principalmente en los estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure que son “autopistas para la exportación de droga y el contrabando de combustible”, así como también es utilizado Bolívar “que tiene en su territorio el arco minero” que exporta oro ilegal.
Todo lo centralizan a través de las Fuerzas Armadas, a través de la cual los chavistas se cohesionan. En la cúspide de la institución está Vladimir Padrino López que tiene a su cargo hasta 150 mil soldados, sin contar a la nueva milicia bolivariana.
El papel de los militares está claro en el chavismo: son los que lo sostienen pese a las sanciones de la comunidad internacional –especialmente de Estados Unidos-. Pero hay un precio: ahora esos militares tienen más poder en la cúpula política y en la administración de la economía negra.
Son ellos, además, los que manejan las empresas militares más poderosas del país tanto privadas como públicas: Veximca (Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A), Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil con 73 aeropuertos nacionales e internacionales; diez ministerios con militares concentrados en las carteras donde hay más dinero, y siete gobernaciones claves.
“Varios expertos creen que el contrabando de oro ya desplazó al narcotráfico como la fuente principal de financiamiento ilícito del régimen. En 2018, representó 2 mil 711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Eco-analítica. Eso serían unas 80 toneladas de oro que se desvían al año”, dice el artículo.
En mayo de 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Cabello y a su hijo José David Cabello Rondón; a su esposa, la ministra de Turismo, Marlene Josefina Contreras Hernández; y a Rafael Alfredo Sarria Díaz.
Como consecuencia de estas medidas quedaron congelados sus activos en las jurisdicciones estadounidenses así como también quedó prohibido, para cualquier institución, realizar con ellos transacciones financieras.
Un mes después las autoridades estadounidenses confiscaron 800 millones de dólares a Cabello así como una docena de propiedades en el país norteamericano. En esos días también fue deportada Daniela Cabello, hija del dirigente chavista.
“Le han dado en el centro del cuarto de máquinas del barco de su poderío económico producto del narcotráfico y de los negocios que se han llevado a cabo para su beneficio”, aseguró el periodista Óscar Haza en ese entonces.
La incautación ocurrió no obstante los abogados de Cabello intentaron dialogar con las autoridades estadounidenses, señaló una publicación de ABC.
En septiembre de este año el periódico español publicó que Cabello y el también funcionario chavista Tareck el Aissami recibieron millones de dólares en pagos que el narco mexicano les mandó ocupando contenedores del programa estatal venezolano Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Citando fuentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de agencias de investigación con sede en Washington, el periódico señaló que el dinero es el pago por los envíos que los funcionarios de Maduro hicieron de droga producida en Colombia.
Esa operación fue realizada en Puerto Limón, Costa Rica, donde la empresa venezolana Alunasa es propietaria de una terminal. Posteriormente el dinero entró al sistema financiero a través de bancos rusos.
Esta operación, según el artículo, se repitió con los cargamentos de comida que gestionó la compañía El Sardinero Es Servicio, de origen mexicano, que en los últimos años exportó enormes cantidades de alimentos a Venezuela.
Las compras de alimentos las centralizaron dos colombianos salpicados por sus presuntos vínculos con el narco y las FARC: Alex Saab y Álvaro Pulido.
Los señalamientos de la fuente anónima de ABC coincidieron con la alerta que el Tesoro de los Estados Unidos hizo en mayo de 2018 señalando a Alunasa de ser ocupada para lavar el dinero de los líderes chavistas.
Alunasa, además, está bajo la dirección administrativa de chavistas relacionados con los servicios de inteligencia venezolanos.
Después de la alerta de mayo del año pasado el Banco Nacional de Costa Rica cerró todas las cuentas de la compañía estatal.