Un coronel del Ejército y un comisario de la Policía Nacional Civil (PNC) figuran entre los más de 85 detenidos hoy en uno de los más grandes operativos que se desarrolla en Guatemala contra las extorsiones que realizan las pandillas
La PNC precisó que el coronel Ariel Salvador de León, de 50 años, fue detenido en la ciudad occidental de Quetzaltenango por el delito de lavado de dinero y por su presunta colaboración con la mara Salvatrucha.
Mientras que el comisario de la Policía, Lucindo Chávez Cifuentes, fue capturado en el departamento occidental de Quezaltenango por asociación ilícita.
En el operativo denominado «Escudo Regional II» han sido detenidas 85 personas, la mayoría mujeres, se han incautado cinco armas de fuego, 282 municiones, 52 celulares y 75,575 quetzales ($10,212 dólares), explicaron las autoridades del Ministerio Público (MP) en rueda de prensa.
Los más de 200 allanamientos judiciales han permitido desarticular seis grupos de la mara Salvatrucha, que ha utilizado el sistema bancaria desde el 2001 para el lavado de dinero, señala la investigación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que dirige Emma Flores.
Precisó que el líder del grupo busca personas externas a la organización para que a través de sus negocios reciban el dinero de las extorsiones y luego, aparentando legalidad, lo depositan en cuentas en el sistema bancario.
A través de las investigaciones se estableció que el fenómeno criminal de las extorsiones ha evolucionado en los últimos años, ya que con anterior el dinero era destinado a la subsistencia y ahora lo utilizan para negocios, compra y venta de vehículos o viviendas.
En la operación participan más de 2,500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), detalló el portavoz de la institución, Pablo Castillo.
Los integrantes de las organizaciones criminales son sindicados por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito y lavado de dinero.
Durante los últimos dos años habrían cobrado más de 3,04 millones de quetzales (405.406 millones de dólares) a comerciantes, transportistas y personas particulares, según el MP.
Los allanamientos se ejecutan en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Quetzaltenango, Jutiapa, Zacapa, Chimaltenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Sacatepéquez, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché.