Ayón Mendoza recuerda que preparaba tortillas cuando empezó la lluvia de balas. Asustada, fue corriendo a buscar a su bebé, pero dos supuestos helicópteros de la Marina mexicana siguieron disparando «con más fuerza» contra la comunidad de Comedero Colorado (Durango, norte) sin que ella entendiera por qué.
Desplazada ahora junto a decenas de vecinos atemorizados en Cosalá (Sinaloa), esta ama de casa de 24 años explica a la AFP el terror que vivió su comunidad la mañana del pasado 6 de octubre coincidiendo con un operativo de fuerzas de seguridad para cercar al poderoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, que se fugó de prisión en julio dando un duro golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como resultado de una intensa caza, de la que el gobierno dijo que el capo logró huir malherido y en la que negó que hubiera ataques a pobladores, la casa de Ayón quedó con decenas de impactos de bala y su carro calcinado, según denunció ante la fiscalía su marido, Gonzalo Elías Peña.
Como pudo, escabulléndose entre matorrales y zanjones, la pareja huyó despavorida del pueblo y caminó cuatro días seguidos con su hija de dos años por la Sierra Madre Occidental, refugio natural del líder del cártel de Sinaloa.
«Sin comer y sin tomar agua», el matrimonio llegó finalmente a la pintoresca Cosalá, donde en los últimos días han llegado buscando refugio unas 600 personas de empobrecidas comunidades serranas del municipio de Tamazula (Durango) que denuncian haber sufrido episodios similares.
«Caminábamos a oscuras porque donde veían luz, luego empezaban a tirar. Era una tracatera por todos lados», recuerda Ayón, mientras espera pacientemente junto a otras familias desplazadas a que las autoridades le den una bolsa con alimentos y ropa.
Pero su esposo replica exaltado: «Salió en el periódico que supuestamente le andaban buscando (a ‘El Chapo’), pero ahí conmigo no estaba y casi nos matan esos güeyes».
Fuentes del gobierno de Peña Nieto confirmaron que fuerzas especiales persiguieron a Guzmán en una zona entre Durango y Sinaloa la semana pasada, y que el capo resultó herido en el rostro y la pierna en una caída mientras huía de un operativo.
«Lluvia de balas»
La historia de Ayón y Gonzalo se parece mucho a la de Marta Marbella, vecina de la comunidad de El Verano (también en Tamazula), que muestra aún incrédula en su celular fotografías de los balazos que quedaron en su casa fruto de una supuesta balacera de la Marina la tarde de ese 6 de octubre, posterior a la de Comedero Colorado y El Limón.
En las imágenes se ven al menos una docena de agujeros en el techo, otros tantos en las paredes, en la puerta y también en el baño exterior donde Marta trató de resguardarse con su bebé.
«Sí, alcanzaba a ver como el helicóptero se paraba y disparaba directamente a la casa. Tenía miedo, gritaba, lloraba, pero yo sabía que era inútil», recuerda esta ama de casa de 32 años, cuyo marido estaba trabajando en el campo a esa hora.
Francisca Quintero Sánchez, de 40 años, también se apresuró a esconderse con sus tres hijos debajo de la cama cuando se desató «la lluvia de balas» durante alrededor de una hora.
«Fue un rato de miedo, de terror a que nos fueran a matar sin ninguna culpa», expresa esta agricultora que, firme, asegura: «Los uniformes de ellos decían Marina. Los demás creen que somos tontos porque somos de rancho, pero sí sabemos leer y escribir».
¿Un enfrentamiento?
Al día siguiente, Marta, Francisca y otras vecinas de El Verano decidieron ir a hablar con miembros de la Marina, que les dijeron que estaban buscando «a una persona que venía con mucha gente» y aparentemente reconocieron que dispararon porque estaban siendo atacados, algo que ellas niegan.
«Que la Armada disparó sobre casas de la población civil es falso (…) (pero) obviamente cuando se encuentran con gente que dispara, van a repeler la agresión», dijo al respecto a la AFP una fuente del gobierno federal que pidió el anonimato.
Hasta el momento no se han reportado muertos o heridos por el caso, pero la diputada local por Cosalá Lucero Sánchez López denunció esta semana que habría al menos ocho desaparecidos.
Desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, su representante Oscar Loza no cuenta con reportes de desaparecidos pero subraya la preocupación de esta ONG sobre un supuesto intento de las autoridades «de quitar evidencias».