Al menos 16 universitarios y tres documentalistas, entre ellas una brasileña, fueron detenidos de «forma arbitraria» por la Policía de Nicaragua cuando se dirigían a la ciudad colonial de Granada para participar en una marcha contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Las 19 personas fueron detenidas en la carretera de San Marcos, departamento de Carazo (suroeste), cuando viajaban hacia la ciudad de Granada donde está previsto una marcha antigubernamental, indicó la CUDJ, que forma parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional.
La fuente indicó que entre los detenidos se encuentra la documentalista de origen brasileño Emilia Mello, y sus colegas nicaragüenses Arielka Juárez y Ronny Cajina.
La Policía Nacional de Nicaragua aún no se ha referido a esa denuncia.
La CUDJ publicó en su página de la red social de Facebook el momento en que fueron retenidos y revisados sus pertenencias por agentes policiales y solicitan ayuda.
«Condenamos la detención ilegal y exigimos su liberación inmediata», señaló esa Coordinadora, quien demandó que «vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
El Ejecutivo sostiene que ha logrado superar «el intento de golpe de Estado, gracias a acciones coordinadas Gobierno-pueblo», y que ha entrado «en un momento de hacer justicia y reparación de las 198 víctimas del terrorismo golpista».
Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 322 la cifra de fallecidos durante las protestas, de los que la mayoría, afirma, perdió la vida «como resultado de la acción estatal».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción